La prostitución ilegal invade pisos vacíos de La Caixa

El estallido de la burbuja inmobilaria c un aume. Es el caso de un bloque de pisos en la calle Hospital, a escasos 50 metros de La Rambla barcelonesa. Cuando en verano de 2013 los propietarios dejaron de pagar la hipoteca por lo que los pisos pasaron a manos de Building Center, la filial inmobiliaria de La Caixa. Dos años y medio después, la situación no sólo no se ha arreglado, sino que ha empeorado. De los clásicos okupas ladrones de wi-fi se ha pasado a dos prostíbulos ilegales actuando con impunidad, denuncian las entidades vecinales.

De las seis viviendas del edificio, cinco estaban controladas por la entidad bancaria y la otra en manos de una particular. Tras el cambio de propiedad, los inquilinos abandonaron el inmueble paulatinamente y fueron sustituidos por huéspedes irregulares. Las investigaciones, sin embargo, no empiezan hasta el 21 febrero de 2015, cuando la Guardia Urbana detectó a varias prostitutas entrando en el entresuelo 2ª.

10 euros por habitación

Según consta en el expediente al que ha tenido acceso Economía Digital, las trabajadoras sexuales ofrecieron sus servicios por un total de 30 euros a un turista alemán y un joven asturiano. Una vez dentro, dos okupas les dirigieron hasta la habitación por una comisión de 10 euros.

Desde la zona apuntan que se trata de «chicas nigerianas». Sin embargo, desconocen si se trata de menores o mayores de edad. Eso sí, «son muy jóvenes», recalca un vecino de la calle. «Se acostumbran a colocar en la esquina entre la calle Hospital y La Rambla o alguna de las otras intersecciones», señalan los mismos.

Profesionalización

En la primavera de 2015, los dos ocupantes dejaron paso a ‘Jimmy’, ecuatoriano, y Juan Carlos, de Colombia. Según explicaron en su día a una pareja de arrendatarios, el traspaso se hizo por una cifra que rondaba los 2.000 euros por cada uno de los dos pisos ocupados. Mientras, Aliven Gestión de Activos (Empresa vinculada a La Caixa, según consta en el Registro Mercantil) limitaba la oferta a 200.

Entonces, obras. Las antiguas viviendas se convirtieron en pequeños cubículos con apenas una cama, un ventilador y un pequeño armario. Hasta tres por planta, y la actividad se profesionalizó. Los cuchitriles se alquilan simultáneamente en espacios de 10 o 15 minutos y los fines de semana hay colas «con hasta 6 o 10 prostitutas», cuenta un cliente. 

El edificio se encuentra actualmente en condiciones insalubres. A los preservativos y pañuelos acumulados en las escaleras y alféizares de las ventanas se une una tubería rota y varias puertas forzadas. Para mejorar la situación, cuenta el mismo parroquiano, «Juan Carlos se ha ido y en su lugar han puesto a una ‘madame’ de nacionalidad brasileña».

La entidad ha sido informada de la situación desde, al menos verano de 2014. El mes de julio, personal del Departamento Comercial del Grupo Aliven visitó el inmueble. Desde entonces los responsables se han salpicado las competencias entre Building Center y Servihabitat, la comercializadora de las viviendas (participada al 49% por La Caixa).

Acumulación en los juzgados

La pelota ha saltado de tejado en tejado. En un correo electrónico interno que ha podido ver Economía Digital personal de la sección comercial de Servihabitat avisa: «Nos quedamos totalmente al margen de esta problemática y no responderemos más mails ni llamadas» con denuncias sobre el bloque de pisos de la calle Hospital.

La entidad ha recibido dos denuncias por parte de una vecina, por lo que ella considera una gestión ineficiente del conflicto. Desde CaixaBank han solicitado que «no se tengan en cuenta los procesos iniciados porque la entidad no puede controlar las actividades realizadas por terceros en sus pisos». Consultada por este medio, la entidad ha lamentado ser otra víctima del caso, como los residentes en el edificio. «Están ocupando una propiedad que es nuestra», ha recordado tras avisar: «El tema ya está en los juzgados y se resolverá pronto, esperamos».

Perpetuación en el tiempo

Sin embargo, el proceso es de todo menos rápido. El magistrado ya ha suspendido el desalojo por dos veces. Siempre a petición de la parte demandada (los okupas), que alega «riesgo de exclusión residencial». La próxima fecha fijada por el juez es la primera semana de febrero. Aun así, el pasado 10 de octubre, las fuerzas de seguridad fueron alertadas de que los proxenetas se habían ido. Acudieron con inmediatez e instalaron puertas ‘antiokupas’. Sin resultado.

El día siguiente por la mañana las herramientas de bloqueo ya habían sido desactivadas, y en su lugar pegaron el cartel inferior. Con el documento, refuerzan la opinión que emiten fuentes del sector: «La gente que se mete en un piso conoce todos los recovecos legales para que se muy difícil echarles».