La justicia ante el linchamiento político y público

De nuevo la justicia se ha constituido en el epicentro de la vida política. En el plazo de una semana, se han conocido las sentencias del caso Nóos y de la trama de las tarjetas black. Además, el Gobierno ha nombrado, de acuerdo a lo que establece la Constitución, un nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza y se han producido un importante número de cambios en el ministerio fiscal.

Estos cambios comenzaron con los relevos en la Audiencia Nacional, en la fiscalía anticorrupción y en la fiscalía de Murcia, cuyo titular hasta ahora, Manuel López Bernal, ha denunciado, tras su cese, haber recibido presiones para condicionar su trabajo como fiscal superior de Murcia.

El proceso de investigación –antes «imputación»– del presidente de la comunidad murciana, Pedro Antonio Sánchez, ha provocado un choque del Partido Popular con Ciudadanos, que exige de acuerdo con el pacto que ambos firmaron la renuncia del presidente de Murcia.

Por qué la justicia está desacreditada

Hay pocos que se atrevan a negar una profunda crisis de credibilidad de la justicia entre los ciudadanos. Los numerosos casos de corrupción, la lentitud de reacción de los partidos políticos en los casos en que sus militantes se han encontrado inmersos en investigaciones judiciales, y la demonización llevada a cabo  por políticos y periodistas de resoluciones judiciales, extendiendo la sospecha de parcialidad en quienes las dictaban ha conducido a este estado generalizado de desconfianza.

Vayamos por partes.

La sentencia del caso Noós ha determinado la absolución de la infanta Cristina, hermana del rey, la condena a seis años y tres meses por distintos delitos relacionados con la corrupción a Iñaki Urdangarin y a ocho años y medio a Diego Torres, su socio principal en la empresa Nóos.

Las reacciones tras las sentencias del caso Nóos

Los partidos PP, PSOE y Ciudadanos manifestaron inmediatamente el respeto y acatamiento de la sentencia, aludiendo que se había demostrado que la justicia es igual para todos los ciudadanos.

Podemos, a través de manifestaciones en las redes sociales, no sólo ha cuestionado la imparcialidad de la sentencia, sino que se ha apresurado a denunciar un supuesto trato de favor tanto en el caso de la infanta Cristina como de su marido.

Por si fuera poco, el juez instructor del caso, José Castro y el fiscal, Pedro Horrach realizaron declaraciones públicas, inmediatamente después de conocerse la sentencia, en la que sembraron la idea de que había sido benévola y que no respondía a la instrucción del proceso y a la acusación pública.

Especialmente graves han sido las declaraciones del juez Castro, diciendo textualmente que la sentencia establecía la condición de «mujer florero» de la infanta Cristina y estableciendo además una relación entre esta sentencia y la condena de Isabel Pantoja.

Con esos mimbres, no es difícil imaginar las reacciones en las redes sociales y en algunas tertulias de televisión, en algunas de las cuales su propios conductores han cocinado la idea de un trato de favor que desacreditaba objetivamente la sentencia.

Urdangarin, libre sin fianza

Hemos conocido la resolución de la Audiencia de Palma sobre la forma en que deben ser cumplidas las penas. En el caso de Urdangarin decretó libertad condicional sin fianza, con la obligación de personarse una vez al mes en el consulado de Ginebra, sin limitar sus movimientos ni su lugar de residencia y permitiéndole conservar su pasaporte, todo ello en espera de la sentencia en casación del Tribunal Supremo. Diego Torres también ha quedado en libertad condicional, pero a él le fue retirado el pasaporte.

Una parte de la opinión pública ha considerado inadmisible que Urdangarin haya visto aplazado su ingreso en prisión.

Es inútil recordar que el ordenamiento español es restrictivo con el ingreso en prisión preventiva, salvo en los casos en que existe peligro cierto de fuga o de destrucción de pruebas.

Como los recursos de casación no pueden poner en cuestión los hechos probados, no hay riesgo de destrucción de documentos. Y en el caso del cuñado del rey, argumentar riesgo de fuga, dada su personalidad y la escolta permanente de policía española, es, sencillamente un disparate.

Justicia y linchamiento popular

«A quién indultáis, a Jesús o a Barrabás». Tenemos noticia del dilema que planteó Poncio Pilatos a la turbamulta que asistía a la ceremonia de la Pascua Judía según el Nuevo Testamento. La tradición exigía que el gobernador indultase a un preso previa consulta instantánea popular. Barrabás, según Marcos y Lucas, era un bandido condenado por motín con homicidios. El gentío, como es sabido, indultó a Barrabás, con delitos de sangre y mandó a la cruz a Jesús, prácticamente por un delito continuado de opinión.

No es el único ejemplo que viene a colación en nuestro panorama judicial.

Charles Lynch, terrateniente de Virginia durante la guerra de independencia norteamericana, ocupó su plaza de coronel. No conforme con la sentencia dictada por un tribunal, que absolvía a unos supuestos partidarios de Inglaterra, organizó un tribunal popular en el que mandó fusilar a los procesados.

La inclinación al linchamiento para que se acomoden las condenas a las convicciones de la ciudadanía está en el ADN de mucha gente. Por eso es tan importante cuidar de la credibilidad y el prestigio de la justicia.

La justicia popular tiene que tener filtros y controles para evitar la venganza. Estamos hartos de las películas donde nos muestran las cautelas con las que se eligen a los jurados en Estados Unidos para discernir su ausencia de prejuicios, sus conocimientos jurídicos, en definitiva, su imparcialidad.

La polémica de las tarjetas black y la ex CDC

La sentencia de las tarjetas de Caja Madrid también es polémica, porque condena a penas de cárcel a quienes dispusieron de ellas, y en especial a Rodrigo Rato, ex vicepresidente de gobierno con Aznar, y a Miguel Blesa, que fue presidente de Caja Madrid.

En los próximos días se van a producir debates y petición de explicaciones sobre los cambios y ceses en el ministerio fiscal. Solamente el Partido Popular ha arropado al gobierno por estos cambios.

No hay razones objetivas para poner en cuestión que el gobierno haya producido esos cambios. Está entre sus facultades a tenor de lo que establece la Constitución y las disposiciones sobre el ministerio fiscal.

Por si faltaba poco, nuevas pruebas judiciales estrechan el cerco sobre la antigua Convergencia Democrática de Catalunya en el caso del tres por ciento. Como no podía ser de otra manera, Artur Mas, máximo responsable del partido, ha declarado que estos descubrimientos policiales tienen la intención política de acabar con el proceso independentista.

Pero todos los elementos expuestos, metidos en la coctelera política en el corto plazo de una semana, no pueden tener otra consecuencia que la constatación de una crisis de la credibilidad de la justicia.