La jueza reabre la causa contra Democracia Ourensana tras detectar indicios de malversación

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense deja sin efectos el sobreseimiento de la causa contra Democracia Ourensana por un presunto delito de malversación en la gestión de fondos públicos.

La magistrada ha acogido el recurso que el exvicepresidente de la formación que encabeza el propio alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra el archivo al ver “indicios razonables de malversación» . Así, ha ordenado remitir al Tribunal de Cuentas copia de la denuncia y de las declaraciones practicadas durante la instrucción y ha solicitado que se le remita las pruebas documentales relacionadas con las donaciones efectuadas por los asesores y concejales de Democracia Ourensana al propio partido.

La jueza también ha ordenado un informe relacionado con la fiscalización de la actividad económica financiera de la formación, entre febrero del 2016 y el 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de que se examine si las donaciones a Democracia Ourensana se ajustan a la legalidad.

La jueza ve «confusión de patrimonios»

Y es que la magistrada apunta que los testigos han relatado «la contratación de una persona para la realización de las mismas funciones para el Ayuntamiento, la Diputación y Jolper«, la tienda de música del regidor municipal.

Además, la jueza pone en el punto de mira «la confusión de patrimonios» que resulta de «la declaración de un ex asesor y los requerimientos del Tribunal de Cuentas, así como la declaración de otro ex asesor que asegura que el alcalde le dijo que había una deuda de Auria televisión de 60.000 euros».

Casi un año desde el inicio de la causa

De esta forma, se reabre un caso que se inició a finales de agosto del año pasado. Fue entonces cuando los críticos de Democracia Ourensana, ahora en el grupo de no adscritos, denunciaron al alcalde y líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome, ante el Ministerio Público para que investigase supuestas irregularidades en su gestión y, en concreto, en relación a las contrataciones de asesores, en un escrito promovido por cinco de los siete ediles de la formación.

En ese momento el regidor municipal gobernaba con el apoyo del Partido Popular, formación que tras la denuncia de los críticos abandonó entonces el gobierno hasta su regreso hace escasas semanas. A principios de enero el Juzgado de Instrucción número 3, encargado de la denuncia, decretó el sobreseimiento provisional y archivó la causa, exponiendo que «no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa».

Además, aclaraba que la gestión económica de los recursos del grupo municipal de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento, así como los del grupo provincial en la Diputación y los propios del partido debería llevarse ante el Tribunal de Cuentas y no a la jurisdicción penal, «se denuncian las decisiones unilaterales del alcalde sobre aplicaciones de tales recursos y falta de transparencia cuando la fiscalización y control de las cuentas y gestión económica ha de llevarse a efecto por el Tribunal de Cuentas», esgrimía.