La jueza archiva el caso contra ex altos cargos de la Xunta por prevaricación en la mina de Varilongo
El caso se abrió a raíz de la autorización concedida por la Xunta en 2011 para reabrir de la mina sin la evaluación del impacto ambiental, a pesar de los informes que alertaban del peligro ambiental
Archivo – Mina de Varilongo. – INCIS – Archivo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de un caso de supuestos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente por vertidos ilegales ligado a la reapertura de la mina de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña), en el marco del cual estaban siendo investigados dos ex cargos del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo.
Tanto Ángel Bernardo Tahoces (ex director xeral de Minas y ahora gerente de la Axencia da Industria Forestal) como Justo de Benito Basanta, ex secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, fueron citados y prestaron declaración en el juzgado compostelano que investigó y ahora, en un auto con fecha de 20 de diciembre decreta el archivo de caso, aún con opción de recurso.
Investigación a raíz de una denuncia ecologista
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia ecologista y, aunque dicha denuncia no lo pedía expresamente, puso el foco también en el ahora presidente de la gestora del PP en Santiago, Borja Verea, quien es miembro de la Cámara autonómica (aforado) y nunca llegó a ser investigado judicialmente.
El caso en cuestión ya había sido denunciado por asociaciones vecinales y ecologistas: la autorización por parte de la Xunta en 2011 de la reapertura de la mina de Varilongo, en Santa Comba, sin la adecuada evaluación del impacto ambiental pese a la existencia de informes que alertaban de que la explotación podría contaminar las aguas. En el marco de la causa abierta, con la intervención de Fiscalía, el Seprona realizó análisis de las aguas que sí revelan niveles elevados de metales.
Conclusiones
Los informes técnicos analizados concluyeron que, a la vista de la documentación existente, «no se puede afirmar que el proyecto de explotación y el plano de restauración del Grupo Mineiro Santa Comba de 2009» debería haberse sometido al procedimiento de impacto ambiental, conclusión que asume la jueza Ana López-Suevos, que suscribe el auto.
Y en cuanto a los vertidos, si bien se confirma que en unas muestras tomadas por la Guardia Civil en el entorno se pudieron constatar «valores elevados de aluminio y manganeso», los investigadores concluyeron que no se puede determinar que la alteración de dichos parámetros «redunde en una grave afección al medio ambiente».
