La juez insiste en imputar a Yolanda Díaz por las protestas de Alcoa
La diputada en Galicia en Común defiende su condición de aforada, por lo que solo podría ser juzgada por el Supremo en caso de una investigación
La juez de Madrid que abrió una investigación contra diputados de Unidas Podemos por los incidentes ocurridos el pasado marzo en una manifestación con los trabajadores de Alcoa frente al Congreso insiste en citar a declarar a la portavoz parlamentaria de Galicia en Común, Yolanda Díaz, que sigue siendo aforada por ser miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, afirma que «una vez le consta» que Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez «no tienen la condición de diputadas«, procede a llamarlas a declarar como investigadas por el delito de atentado a la autoridad en relación a los altercados ocurridos en dicha manifestación.
Declaración el 4 de noviembre
De este modo, la magistrada instructora ha señalado la declaración de ambas el próximo 4 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, por videoconferencia.
Se da la circunstancia de que Rodríguez no es diputada desde el pasado mes de abril, cuando en las elecciones generales no consiguió mantener su escaño. Sin embargo, Díaz, que sí revalidó su puesto bajo la lista de En Común, continúa siendo diputada al ser miembro de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados ante la repetición de elecciones del próximo 10 de noviembre.
Gómez-Reino y Mayoral se libran
Esto implica que su aforamiento sigue vigente y que sólo podría responder ante el Tribunal Supremo. Fuentes cercanas a Díaz apuntan que la citación «no tiene sentido» y que «es una imputación errónea», por lo que la portavoz de Galicia en Común rechaza comparecer ante la juez, ya sea por videoconferencia.
Lo mismo ocurre con los diputados Unidas Podemos Rafael Mayoral y Antón Gómez-Reino, a quien la juez intentó citar a declarar como investigados por estos hechos.
A finales del pasado mes de septiembre, la magistrada rectificó sus intenciones de investigarles al darse cuenta de que tanto ellos como Díaz podrían continuar siendo aforados. Por ello, dictó una providencia en la que preguntaba al Congreso sobre la situación de estos tres parlamentarios, según informaron fuentes jurídicas.
