La hostelería rechaza las restricciones del Gobierno que la Xunta no acata (de momento)
La Xunta de Galicia insiste en que mantendrá su propia "hoja de ruta" de desescalada a la espera de que la asesoría jurídica determine si las normas son de obligado cumplimiento o no
Varias personas en la terraza de un bar en A Coruña / M. Dylan (Europa Press)
La organización empresarial Hostelería de España ha evidenciado este sábado su rechazo al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre las actuaciones coordinadas frente a la pandemia del Covid-19. Creen que “carecen de legitimidad” y ponen de manifiesto una manera de actuar “autoritaria” por parte del Ministerio de Sanidad hacia las comunidades autónomas. Todo esto mientras que, en Galicia, la Xunta asegura que, al menos de momento, mantendrá su hoja de ruta, dejando en el aire la aplicación de las medidas publicadas ya en el Boletín Oficial (BOE).
El comunicado de Hostelería de España critica que, aunque la labor del consejo interterritorial es “promulgar acciones coordinadas”, establecidas “bajo consensos”, siete comunidades han votado en contra de las restricciones que afectan a la hostelería y al ocio nocturno: Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia. Además, Castilla y León y Melilla se han abstenido y País Vasco no ha participado en la votación.
«Guerra entre comunidades»
Así, ha señalado que se «tergiversa» el «concepto de consenso» como «acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad», algo que no tiene «nada que ver» con lo ocurrido el pasado jueves en el consejo interterritorial.
En la misma línea ha afirmado que esta resolución «avoca a una guerra con las comunidades» porque «invade» competencias que el Gobierno «decidió dejar de ejercer hace un mes», cuando se puso fin al estado de alarma para que cada comunidad autónoma «ejerciese de nuevo sus competencias plenas«.
Asesoría jurídica
Mientras tanto, la Xunta insiste en que seguirá “su hoja de ruta” para la desescalada. «La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades autónomas y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas», señaló este sábado el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios.
Así, el número dos de la Xunta ha emplazado a conocer el dictamen de la asesoría jurídica de la administración autómica, que prevén tener listo «la semana que viene«. En función de este informe, según Rueda, Galicia aplicará o no el catálogo de medidas para la desescalada diseñado por el Ejecutivo central.
«Si nos dicen (servicios jurídicos) que es obligatoria, no somos un gobierno insumiso«, ha apostillado Rueda que ha subrayado que Galicia, por el momento, sigue con su «hoja de ruta» diseñada desde la administración autonómica.
En todo caso, desde el Gobierno central han sido varios los mensajes hacia las comunidades que se oponen al modelo para la desescalda. Cargos como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, remarcaron que las medidas aprobadas en el CISNS son de obligado cumplimiento para todo el territorio y que, en caso de que no se apliquen, el Ejecutivo tendrá que «hacer que se cumplan».
