La fiscalía asfixia a Puigdemont por el 1-O
La fiscalía imparte una batería de directrices a los cuerpos policiales, incluidos a los Mossos del mayor Trapero, para impedir el 1-O
Con la aprobación por parte del parlamento catalán de las leyes del referéndum y de transitoriedad se ha producido un salto cualitativo en el enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado. Se ha pasado de las palabras a los hechos. De las declaraciones de los políticos a la actuación de la fiscalía. No sólo se ha querellado contra los miembros de la mesa del parlamento y del gobierno de Carles Puigdemont, sino que han ordenado a las fuerzas policiales, incluidos los Mossos d’Esquadra, que desplieguen una batería de medidas para impedir que se vote el próximo 1 de octubre. Si cumplen las órdenes a rajatabla, no habrá urnas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tramita desde este viernes dos querellas de la fiscalía. La primera se dirige contra Carme Forcadell y cuatro miembros de la mesa del parlamento catalán que permitieron que se alterase el orden del día de la sesión parta votar las leyes del referéndum y de transitoriedad. Se les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La segunda de las querellas se dirige contra Puigdemont y sus doce consejeros. Se les acusa de los mismos delitos. La fiscalía ha solicitado para todos los acusados una fianza por una posible malversación de caudales públicos, aunque no ha contabilizado su importe. No sólo se arriesgan a inhabilitaciones, sino a penas de cárcel y severas sanciones. El Tribunal de Cuentas ha exigido esta misma semana a Artur Mas y a los otros condenados por la consulta independentista del 9 de noviembre que abonen cinco millones de euros. Puigdemont ya está sobre aviso.
Directrices para Trapero
El fiscal general del Estado, José Mauel Maza, ha ordenado a la Fiscalía Superior de Cataluña y a todos los fiscales jefes que actúen con contundencia para impedir que se realice el referéndum. Desde la fiscalía catalana ya se ha cursado la instrucción a todas las policías judiciales, incluidos los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero la ha recibido este viernes. Desde los sindicatos de la policía catalana se declina comentar la instrucción.
La fiscalía ha impartido a los agentes de los distintos cuerpos órdenes concretas para abortar el referéndum. En primer lugar, deben clausurar dos páginas web desde las que se fomenta la participación. Se trata de la página donde se inscriben los voluntarios del 1-O, alojada en un servidor de la Generalitat, y de garanties.cat, donde se incide en la legalidad del proceso. Esta última la registró Tecnocrática, una compañía de servicios digitales domiciliada en Madrid.
Sólo TV3 emite el anuncio del referéndum
También se ha apercibido a los medios de comunicación catalanes de que no pueden insertar publicidad institucional o propaganda del referéndum. El gobierno de Puigdemont declaró desierto este jueves el concurso para gestionar la distribución de anuncios publicitarios a los diversos medios. Ninguna agencia se ha atrevido a asumir un contrato de más de 2,7 millones de euros por las posibles consecuencias judiciales. En un principio, se le adjudicó a Carat, que renunció, y después a Focus Media, que también se retiró. Fuentes de Carat indican que renunciaron después de que sus servicios jurídicos les advirtieran sobre los “riesgos para nuestra imagen y reputación”, así como de la supuesta ilegalidad de la campaña.
El ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se ha dirigido a la intervención de la Generalitat para que expliquen como han financiado las webs y el anuncio promocional del referéndum. Hasta ahora sólo lo ha emitido TV3. Los inspectores de Hacienda también pueden tomar cartas en el asunto.
Requisar urnas y papeletas
Según las instrucciones recibidas de la fiscalía, las policías judiciales que actúan en Cataluña deben adoptar las medidas necesarias para impedir la promoción, la organización y la celebración del referéndum. Sus agentes han recibido órdenes concretas para requisar el material susceptible de ser utilizado en la votación: urnas, sobres, papeletas, manuales para las mesas electorales, equipos informáticos y el censo. La Guardia Civil ha registrado una imprenta de Constantí (Tarragona) por la sospecha de que en esta planta se ha confeccionado parte del material impreso previsto para el 1-O.
El gobierno de Puigdemont todavía no ha enviado la publicidad institucional a los domicilios ni las citaciones a los miembros de las mesas electorales. Si lo hacen, se impartirán nuevas instrucciones a los cuerpos policiales. Las empresas de buzoneo electoral también están advertidas. La fiscalía tiene un especial interés por conseguir el censo que piensan utilizar los promotores del referéndum.
Referéndum: si los Mossos cumplen las directrices de la fiscalía, no habrá urnas
Fuentes de la delegación del Gobierno en Cataluña avanzan que cada acción del ejecutivo de Puigdemont recibirá una respuesta. La escala de tensión previsiblemente irá en aumento. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha suspendido cuatro normas de los independentistas -la ley del referéndum, la convocatoria del 1 de octubre, la constitución de la sindicatura electoral y el decreto de medidas para organizar la votación- y cuando se reúna la próxima semana también anulará la ley de transitoriedad. Puigdemont hace caso omiso al Constitucional, pero desde esta semana tiene en contra a la fiscalía y a los agentes policiales. Estos son los que intentan abortar el referéndum incluso antes del 1-O.
