La defensa del exjefe de seguridad de Adif: nadie vio peligro en Angrois
Andrés Cortabitarte, imputado por las muertes de Angrois, alega que ni las empresas ni Ineco avisaron a Adif de un riesgo elevado en la curva del siniestro
Una curva en la que la velocidad pasa de 200 kilómetros por hora a 80 y que carece de sistema de frenado automático, no fue considerada los suficientemente peligrosa como para llamar la atención de las empresas constructoras, Ineco, Fomento o Adif.
Esa es la tesis que defiende Andrés Cortabitarte, antiguo responsable de seguridad del gestor de infraestructuras en la línea de Angrois, ahora imputado por un presunto delito de homicidio imprudente por los fallecidos en el siniestro del Alvia.
La defensa de Cortabitarte alega en su recurso de apelación que el cargo de Adif no fue alertado por parte de las empresas del riesgo de Angrois. Al contrario, sostiene que ni la UTE constructora, y en consecuencia, tampoco Ineco, advirtieron un peligro especial en A Grandeira.
«Lo que la UTE señaló en dicho registro fue un riesgo de descarrilamiento en toda la línea derivado de no respetar el cuadro de velocidades máximas, peligro que fue evaluado como un riesgo residual aceptado«, dice el escrito. Al no reflejar las empresas la curva de Angrois en el “registro de peligros”, insiste, Ineco “no evaluó ningún peligro en dicha curva, ergo no puede considerarse intolerable».
Cortabitarte señala a Ineco como responsable de mitigar los riesgos
El juez se fundamentó en su auto de imputación en que las empresas alertaron en su informe de los riesgos de Angrois y que fue Adif, al obviar la necesidad de un estudio integral sobre la seguridad de la línea, quien faltó a su responsabilidad.
La defensa de Cortabitarte indica que no correspondía a Adif «decidir qué medidas han de adoptarse para mitigar dichos riesgos hasta hacerlos tolerables», pues considera que «los riesgos exportados a Adif ya tenían que ser mitigados y hechos tolerables» por Ineco.
Al respecto, disculpa a Ineco y a Fomento, pues considera que actuaron correctamente, y reivindica que la línea ferroviaria fue dotada «desde su puesta en servicio de todos y cada uno de los dispositivos de seguridad exigibles de acuerdo con lo que establecía la normativa vigente aplicable», y cita «balizas, señalizaciones, distancias, etc».
La evaluación integral de riesgos no es obligatoria
Finalmente, advierte que «no hay obligación de efectuar una evaluación integral de riesgos de todos los subsistemas», al entender que no es aplicable el reglamento ‘MCS’. Justifica este punto al asegurar que su aplicación «flexible» es «generalizada en la Unión Europea», y se refiere a varios países como Alemania y Dinamarca, entre otros.
A lo largo de la causa ha quedado probado que un jefe de maquinistas dio cuenta del riesgo de la curva de A Grandeira a Renfe poco después de la puesta en marcha de la línea, al recibir varias alertas de los conductores sobre la peligrosidad de la línea.
