La Audiencia confirma los siete años de inhabiltiación para Rafael Louzán por prevaricar
El expresidente de la Diputación de Pontevedra queda absuelto del delito de fraude por el que fuera condenado a dos años de prisión, pero no del de prevaricación
La exdelegada territorial de la Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, y el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, sentados en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra / EP
La Audiencia Provincial de Pontevedra mantiene los siete años de inhabilitación para Rafael Louzán, expresidente de la Diputación, aunque lo absuelve del delito de fraude por el que había sido condenado a dos años de prisión. En un fallo del pasado 3 de mayo, los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por el exdirigente del PP y todavía presidente de la Federación Galega de Fútbol a pesar de la condena.
También absuelven del delito de fraude a la exalcaldesa de Moraña Luisa Piñeiro –quien dimitió de su cargo como delegada de la Xunta en la provincia de Pontevedra tras conocerse la sentencia de primera instancia– tanto del delito de fraude como del de prevaricación por un defecto de forma.
Ambos fueron condenados en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra por la concesión de una subvención de 86.311 euros para la realización de obras que estaban en su mayor parte ya ejecutadas y consistentes en la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras actuaciones en edificaciones anexas.
La Audiencia Provincial ratifica la condena por prevaricación para el entonces director de Infraestructuras de la diputación provincial, el administrador y un empleado de la empresa adjudicataria. Para todos ellos mantiene, al igual que para Louzán, los siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Un sistema «ilegal y arbitrario» para subvencionar a la constructora
Los jueces explican que prevaricaron al ponerse de acuerdo en “crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio para que la Diputación abonase a la empresa unas cantidades que reclamaba por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por el organismo provincial”. “Se creó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba” a modo de sobrecostes sobre el presupuesto aprobado.
Louzán prevaricó al votar a favor del acuerdo de concesión de la subvención “a pesar de que era ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras normativas, satisfacer las reclamaciones de la contratista”.
