La Agencia Ferroviaria Europea culpa a Renfe y Adif por el caso Angrois

Luz desde Europa para el «caso Angrois». El juez que instruye el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ya dispone del informe que solicitó a la Agencia Ferroviaria Europea para determinar si la evaluación integral de riesgo era «normativa y/o técnicamente necesaria» en la línea Ourense-Santiago, donde fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

En el documento, de 12 folios, los expertos de este ente de la Unión Europea determinan que «el riesgo de descarrilamiento causado por el exceso de velocidad de un tren debe formar parte de la evaluación del riesgo tanto de la empresa ferroviaria como del administrador de la infraestructura», esto es, Renfe y Adif en el caso del Estado español.

Evaluación constante

Dicha evaluación, añade, «debe tener lugar en la fase de diseño y revisarse siempre que se efectúe un cambio en la infraestructura durante el proyecto o siempre que un cambio de las condiciones de funcionamiento o un nuevo material supongan nuevos riesgos en la infraestructura o en los servicios».

Al respecto, son preguntados en concreto por si deben ser considerados cambios significativos la construcción de una nueva línea de alta velocidad, la modificación de un proyecto inicial en el que un sistema de supervisión continuo (el ‘ERTMS’) se ha sustituido por un sistema de apoyo a la conducción (‘Asfa digital’) y la desconexión del sistema ‘ERTMS’. Estas tres circunstancias concurren en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Y la respuesta de la Agencia es tajante: «la Agencia considera que, en efecto, se trata de cambios que se calificarían razonablemente como significativos y con un impacto en la seguridad».

Control sistemático

Por eso, determina, sus «riesgos se deben evaluar sistemáticamente de conformidad con los procedimientos de evaluación del riesgo establecidos en el sistema de gestión de la seguridad de la empresa ferroviaria». Es más, los expertos de la Unión Europea añaden que de todo esto se desprende que «cuando un cambio es significativo, además de la evaluación del riesgo que ha de efectuar la empresa ferroviaria, también se debe designar para el proyecto a un organismo de evaluación independiente».

Para la línea en cuestión, la que conecta Ourense con Santiago, fue Ineco el que se encargó de realizar la evaluación independiente. Sin embargo, según declararon en sede judicial, Adif no encargó a Ineco que evaluase el tramo que comprende la curva de Angrois, donde se produjo el siniestro, y también el que se vio afectado por el cambio de proyecto que conllevó la supresión del ‘ERTMS’ en la vía.