¿Juicio político contra Mas? El Gobierno no lo quiere de interlocutor
La imputación del President puede reforzar su figura de cara a las negociaciones con la CUP, y aparecer como negociador con el Gobierno español tras las generales
Existe un problema de fondo con Artur Mas. Aparentemente nadie le quiere como interlocutor. Su figura «está quemada», según los dirigentes de la CUP. El Gobierno de Mariano Rajoy no desea negociar nada con él. Y los socialistas entienden que debería pagar por haber sido responsable de la actual situación en la política catalana. Pero sin Artur Mas tampoco se resuelven las cosas. Podrían, incluso, empeorar.
Y, de hecho, han empeorado con la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de seguir el proceso contra Artur Mas, que deberá declarar el 15 de octubre por la querella del 9N. Las consecuencias de ese proceso se verán en los próximos días.
Porque la paradoja es evidente. Aunque el Gobierno insista en que ese proceso sigue su propio curso, con el consabido respeto a la justicia, y se trate, realmente, de un trámite que debía aparecer en algún momento, la lectura política es que llega dos días después de las elecciones del 27S y con problemas internos en el seno del Govern, porque no está asegurada la investidura de Artur Mas como president.
En cuestión su papel de interlocutor
¿Con ello, el Gobierno refuerza o debilita a Mas? Para algunos dirigentes de Convergència, que se mantienen ahora en un segundo plano, «la CUP tendrá menos presión para facilitar la investidura». Eso contrasta con las propias palabras de Antonio Baños, el cabeza de lista de la formación anticapitalista, que sigue negando que no votarán a Mas. Pero se confía en un acuerdo.
El Gobierno del PP insiste en que Mas ha tomado demasiadas decisiones erróneas en los últimos dos años, y que no puede ser, otra vez, «el interlocutor». Fuentes del Gobierno insisten en que «ha demostrado que no puede ser el interlocutor».
Pero ha ganado unas elecciones con un programa netamente independentista, aunque sin la mayoría absoluta. Y si es elegido President, tendrá toda la legitimidad para negociar un acuerdo con el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones generales. Otra cosa es que no pueda seguir la hoja de ruta rupturista que pactó con ERC, porque los votos sumados de Junts pel Sí y de la CUP se han quedado en el 47%.
Anomalía democrática
El Govern reaccionó este martes con contundencia, arropando a Mas. «Estamos ante un juicio político, la instrumentalización política de una querella que presentó la Fiscalía del Estado contra el criterio de los fiscales catalanes. Y también lo que algunos llaman sindicato, de extrema derecha, Manos Limpias», aseguró la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté.
La consellera fue más allá, al mostrar el «hartazgo» de una situación de bloqueo. «Estamos más que hartos y ante una auténtica anomalía democrática que afecta a la Fiscalía, por querellarse contra quien puso las urnas el 9N para que los ciudadanos pudieran decidir y manifestarse sobre su futuro colectivo», sentenció.
Ahora bien, ¿puede haber una alternativa a Mas dentro de Junts pel Sí, o una alternativa de gobierno sin Junts pel Sí? Por ahora no la hay.
Y los empresarios, pese a los duros reproches que le han formulado a Mas en los últimos dos años, sólo temen una situación que sea peor, a su juicio, que un proceso hacia la independencia: que Mas desaparezca del mapa, y Cataluña sea gobernada por una coalición de izquierdas soberanista y anticapitalista.
Factor de ruptura, pero también de posible negociación, la figura de Artur Mas sigue en el centro del tablero político catalán y español.
