Instan a fiscalizar la concesionaria de helicópteros de la Xunta, que fue sancionada
El PSdeG presenta una batería de iniciativas para fiscalizar los contratos de helicópteros de la Xunta con Babcock, antigua Inaer, sancionada por Hacienda
Los problemas fiscales de la concesionaria de helicópteros de la Xunta llegan al Parlamento. El PSdeG ha presentado una batería de iniciativas con el fin de fiscalizar los contratos de la Xunta con la adjudicataria de los helicópteros de salvamento marítimo y de lucha contra el fuego.
Los socialistas explican que estas iniciativas llegan después de que Babcock fuese condenada por la Audiencia Nacional a pagar más de nueve millones de euros por infracción fiscal. «La empresa fue condenada por una infracción de seis millones en la declaración del impuesto de sociedades de 2007 y 2008 y una sanción de otros tres millones», explican.
Simulación de préstamos
La Audiencia Nacional, como adelantó Economía Digital, tumbó un recurso de la antigua Inaer contra el fisco, que había destapado operaciones irregulares y simulaciones de préstamos de la compañía para eludir el pago de impuestos por importe de seis millones de euros. La ocultación de determinadas operaciones mercantiles en el seno del grupo también había conllevado una sanción de la Agencia Tributaria de otros tres millones, que ahora la Audiencia Nacional ratifica.
El responsable de Política Institucional del Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, apunta que «es necesario analizar si, con motivo de la situación fiscal confirmada por la Audiencia Nacional, alguno de los contratos puede incurrir en supuestos de nulidad».
Revisión de contratos
Por ello, reclama al Gobierno gallego que revise los contratos de la compañía en busca de una posible incompatibilidad para ejercer en el sector público y rescindir los contratos. Además, recomienda a los órganos de contratación autonómicos que confirmen «si se aprecian o apreciaron circunstancias de prohibición para contratar».
Al respecto, recuerda que esta empresa presta en la actualidad el servicio de salvamento marítimo que antes asumía la Xunta con las dos mismas aeronaves vendidas por el Gobierno gallego por «obsoletas».
