Impuesto a las distribuidoras, ayudas a vulnerables… Así lucha Portugal contra la subida del precio de los alimentos

El Gobierno portugués se ha propuesto hacerle frente a la especulación con los precios de los alimentos. El pasado miércoles anunció que movilizará a 45 brigadas y 90 inspectores que recorrerán los establecimientos de todo el país para detectar subidas de precios en los alimentos, tal y como explicó el secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, Nuno Fazenda.

El despliegue de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) se produce después de que las inspecciones realizadas en las últimas semanas destaparan que algunos supermercados cobran hasta un 40% más en caja que el importe marcado en las estanterías. 

Impuesto a las distribuidoras

Esta medida se suma a otras aprobadas por el Gobierno luso para controlar el precio de los alimentos como el impuesto establecido en octubre del año pasado a las cadenas de distribución alimentaria por los beneficios extraordinarios que «les está aportando la inflación». 

Durante el debate sobre los Presupuestos del Estado para el 2023, el socialista António Costa, primer ministro portugués, anunció que la presión fiscal para este ejercicio no sólo iba a ser elevado para las empresas del sector energético que incrementaron de forma considerable sus beneficios a consecuencia de la crisis derivada del estallido de la guerra en Ucrania, sino también al sector de la distribución para que tributen por los grandes beneficios que están teniendo «injustificadamente» a consecuencia de la inflación. 

Según las previsiones del Ejecutivo de Costa se aplicará una tasa del 33% sobre estas ganancias y se estima que esté en vigor hasta finales del 2023. El anuncio se produjo poco tiempo después de que la compañía de Jerónimo Martins, Supermercados Pingo Doce, anunciase unos resultados que registraban un beneficio de 419 millones, un 29,3% por encima del obtenido durante el mismo periodo el año anterior. 

El Gobierno luso toma el concepto de «exceso de ganancias» que da el Reglamento 2022/1854 del Consejo Europeo a aquellas cantidades que estén un 20% por encima del promedio registrado en el cuatrienio 2018-2021 o de un 100% en caso de que ese promedio haya sido negativo.

Con la recaudación obtenida por este tipo impositivo el Ejecutivo de Costa pretende ampliar las medidas del escudo social para ayudar a las familias más vulnerables. 

«En los casos en que se produzcan estos aumentos excesivos, las contribuciones permiten, en un espíritu de solidaridad, generar ingresos adicionales para que las autoridades nacionales brinden apoyo financiero a familias y empresas fuertemente afectadas por el aumento de precios. El producto de estas contribuciones revierte en beneficio de los ciudadanos. Ya sea financiando a los clientes finales de energía (hogares o empresas) y apoyando la transición energética, o a través de acciones para apoyar el aumento del costo de los alimentos para los más vulnerables», explicó el Gobierno luso.

Sobre el tiempo de vigencia del impuesto, desde el ejecutivo portugués han señalado que esta aportación solidaria cuenta con un carácter excepcional y estrictamente temporal para hacer frente a los excedentes de beneficios derivados de circunstancias previstas. De esta forma, su objetivo es actuar sobre aquellas ganancias que no se correspondan con  los márgenes habituales que las empresas obtendrían en circunstancias normales. 

Ayudas a los más vulnerables

El pasado diciembre el Consejo de Ministros de Portugal aprobó una ayuda destinada a las familias «en situación más vulnerable» para mitigar los efectos del incremento de los precios. En concreto, se trataba de un cheque de 240 euros, en un pago único, cuyo objetivo era beneficiar a un millón de familias que ya fueron dotadas el ejercicio pasado de dos prestaciones extraordinarias de 60 euros al estar incluidas en la tarifa especial de electricidad o recibir sueldos mínimos. 

Por su parte, en octubre el Gobierno luso también aprobó una ayuda de pago único de 125 euros por cada trabajador con ingresos de hasta 2.700 euros mensuales. «En septiembre entendimos que era necesario responder a la clase media y aquellos 125 euros de apoyo extraordinario coincidieron con el regreso a las clases, un tiempo siempre de aumento de gastos para las familias», expuso por entonces el primer ministro.