Illa, a Feijóo: “Lo que plantea ya existe, él mismo lo ha aplicado”
Tras decretar el estado de alarma, el ministro descarta la reforma legal que propone Feijóo: "Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí
Salvador Illa ha descartado la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para acometer una reforma de la ley de salud pública que permita adaptarla a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y facilitar que los Gobiernos apliquen medidas restrictivas de los derechos fundamentales sin riesgo de que naufraguen en la vía judicial, como sucedió con Madrid.
«Feijóo sabe que lo que plantea ya existe, él mismo ha aplicado confinamientos perimetrales«, ha señalado el ministro de Sanidad en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó aplicar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
Illa se refirió a que el mandatario autonómico ha podido decretar confinamientos, como en Ourense y Barbadás, con la normativa actual y desvinculó la situación de Madrid con un problema de legislación. «Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí», zanjó.
Illa culpa a Ayuso del naufragio judicial
Además, Illa ha defendido la estrategia jurídica del Gobierno para garantizar la cobertura legal a las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y la denominada nueva normalidad. «El Gobierno ha sido activo para reforzar el marco jurídico para estas decisiones y han funcionado en diversas comunidades», ha sostenido.
Entre ellas ha destacado la reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que, entre otros puntos, atribuyó la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma.
En este contexto, ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no invocó la ley de salud pública al aplicar las medidas de restricción de la movilidad adoptadas por el Ministerio de Sanidad, provocando con ello que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbara la norma. Y ha recordado que otros tribunales superiores, como los de Castilla y León y Andalucía, sí que han dado el visto bueno.
