Hasta año y medio de espera para una licencia de obra en las ciudades gallegas
La burocracia lastra la recuperación económica: Ferrol y Ourense tardan seis veces más de lo que recomienda la ley estatal en otorgar una licencia de obra; Santiago y A Coruña son las más rápidas pese a necesitar casi un año
Menos ruidoso que la pandemia, pero más antiguo, uno de los problemas que arrastra Galicia desde años atrás es la demora en la tramitación de las licencias de obra. Esta lentitud administrativa rema en contra de la recuperación de la actividad económica tras el parón provocado por la pandemia.
Un estudio de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) pone el foco en el enredo burocrático y asegura que el tiempo de espera en el conjunto de las ciudades gallegas para una licencia de obra está en los 14 meses, lo que a juicio de la patronal provoca “un notable retraso en la puesta en marcha de las actividades económicas en un contexto muy complicado para las empresas”.
El informe indica que las ciudades más lentas para otorgar un permiso son Ferrol y Ourense, con 18 meses de espera, es decir, año y medio. Le sigue Lugo, con 16 meses; Pontevedra tarda 14 meses; Vigo, 11 meses; y A Coruña y Santiago son las mejor posicionadas con 10 meses para una licencia de obra.
Estos tiempos se alejan de los tres meses que recomienda la normativa estatal para las obras mayores y más aún del mes de plazo para las menores. Además, también parecen entrar en contradicción con la normativa que pondrá en marcha la Xunta el próximo año para agilizar la concesión de licencias en las áreas empresariales.
Las causas
En todo caso, Fegein advierte que el impacto no se limita al retraso en acometer la obra, sino que deriva en un aumento de costes de financiación, una pérdida de ingresos para las arcas públicas en concepto de IBI e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y un sobreprecio para los compradores.
El interés de la patronal inmobiliaria se debe a que casi cualquier obra o rehabilitación que afecta a la fachada, cambios de uso de oficias a viviendas o actuaciones que varíen la estructura, por ejemplo, requieren de estas licencias.
La entidad señala que esta demora en la concesión de un permiso tiene tres causas principales: “Los recursos humanos de los ayuntamientos no suelen estar acordes a la cantidad de trabajo, y son puestos con mucha rotación y a veces con limitada formación jurídica». Añaden como segundo factora la «excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y una falta de organización en el proceso administrativo». Finalmente, aluden a la «clamorosa de digitalización en el proceso en las administraciones locales”, recoge el informe.
De la ventanilla única a la transformación digital
“Necesitamos normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, con una ventanilla única urbanística y una simplificación administrativa real. No puede ser que tarden años las corporaciones municipales en dar una licencia municipal de obras, reformas o rehabilitación”, dice Benito Iglesias, el presidente de Fegein, que apunta varias medidas para corregir la tardanza de las administraciones.
La entidad propone impulsar ordenanzas para la simplificación de trámites urbanísticos, agilizar las licencias de rehabilitaciones y crear un departamento en los ayuntamientos gallegos de más de 50.000 habitantes, de proyectos urbanísticos sostenibles. También apunta a la necesidad de incrementar las bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los estímulos al alquiler y la obra nueva, como rebajas del IVA o el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales.
“Es necesario impulsar metodologías que desde la administración, mejoren las comunicaciones y notificaciones en la tramitación de expedientes, ya que no es permisible que se tarden meses, en incluso años, en obtener licencias urbanísticas de diversa índole”, asegura la patronal inmobiliaria.
Además, propone revisar la normativa del Plan General de Ordenación Urbana en las siete ciudades que se pudieran aprobar rápido y agilizar la creación de las juntas de compensación, así como los proyectos de urbanización.
