Guía para seguir la acción judicial contra el independentismo

En una veintena de juzgados –incluida la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– se instruyen causas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre (1-O) y el independentismo. Previsiblemente, todavía llegarán más querellas. Esta es una guía de las principales causas abiertas.

Trapero Sánchez y Cuixart

La jueza Carmen Lamela ha citado a declarar este lunes en la Audiencia Nacional al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero; a la intendente Carmen Laplana, así como a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Están acusados de sedición. En su primera declaración ante Lamela el 5 de octubre pasado, no se dictaron medidas cautelares en su contra. Ahora la situación puede cambiar. La magistrada atribuye a Sánchez y Cuixart un papel “esencial” en las movilizaciones que se produjeron el 20 y 21 de septiembre después de la detención de altos cargos de la Generalitat. Lamela está teniendo muy en cuenta el último informe de la Guardia Civil sobre aquellos hechos. En este informe se apunta a los Mossos como supuesto “brazo ejecutor” del proyecto independentista. La investigación se ha ampliado a lo ocurrido el 1 de octubre.

Mossos d’Esquadra

En diez juzgados de instrucción –de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, El Prat, Mataró, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, El Vendrell y Reus- se han abierto diligencias por la supuesta inacción de la policía catalana en los colegios electorales abiertos el 1 de octubre. En ocho juzgados más también se practican diligencias a raíz de denuncias ciudadanas por los accesos a las aplicaciones web de la votación o el uso de datos censales.

Puigdemont, Junqueras y doce consejeros

Es la causa principal sobre el 1-O. El Tribunal Suprior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acceptado a trámite una querella contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y doce consejeros de la Generalitat. La fiscalía los señala por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Por este último delito se pueden jugar hasta ocho años de cárcel. La magistrada Mercedes Armas abrió las diligencias el pasado junio a raíz de la fallida compra de urnas. Los fiscales del Tribunal Supremo han frenado hasta ahora que se les pueda acusar también de rebelión.

Los generales del 1-O

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se encarga de la causa contra los altos cargos de la Generalitat que se encargaron de los preparativos del 1-O. Entre la decena de detenidos por la Guardia Civil el 20 de septiembre pasado se encuentran los dos principales colaboradores de Junqueras: Josep Maria Jové, secretario general de la vicepresidencia; y Lluís Salvadó, secretario general de Hacienda.

Frente judicial: más de una veintena de juzgados tramitan diligencias por el 1-O

La mesa de Forcadell

Carme Forcadell y cinco miembros de la mesa del parlamento catalán –Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Joan Josep Nuet– acumulan diversas querellas de fiscalía relacionadas con las leyes de desconexión y del referéndum. Están acusados de desobediencia y prevaricación. La instructora es Maria Eugènia Alegret, del TSJC.

Alcaldes

El TSJC ha admitido a trámite la querella de la fiscalía contra Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, y Miquel Buch, presidente de la Asociación Catatala de Municipios. Los dos son del Pdecat. Están acusados de desobediencia. La fiscalía está citando a declarar a centenares de alcaldes que han colaborado con el referéndum. Un caso aparte es el alcalde de Moià y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, el republicano Dionís Guiteras. Ha recibido una querella por ordenar a la Policía Local que restituyera los cárteles del 1-O que habían retirado de las calles. Otro caso aparte son los alcaldes y concejales de la CUP que sistemáticamente desobedecen las citaciones de fiscalía.

Condenados del 9-N

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs tienen de plazo hasta este 20 de octubre para depositar la fianza de 5,2 millones de euros que les exige el Tribunal de Cuentas. Este es el importe estimado que se supone que desviaron para financiar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Si no ingresan este importe o depositan un aval, se iniciará el procedimiento para embargar sus bienes. La aseguradora SegurCaixa Adeslas se ha negado a cubrir la fianza. Considera que la póliza de responsabilidad civil que ha contratado con la Generalitat no cubre situaciones como las del 9-N.

Santiago Vidal

El juez Ramírez Sunyer también es el instructor de la causa contra Santiago Vidal, ex juez y ex senador de ERC. En una serie de conferencias, Vidal aseguró que la Generalitat había obtenido ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes y que disponía de una partida de 400 millones de euros para organizar el referéndum. Estas declaraciones le costaron el cargo de senador.

Casos contra dirigentes convergentes

No son causas que tengan que ver con el 1-O ni con el independentismo, sino con asuntos de supuesta corrupción que afectan a exdirigentes convergentes (actual Pdecat): el caso Palau, cuya sentencia se hará pública en las próximas semanas; el caso 3%, todavía en instrucción, y el caso ITV, por el que se juzgará a Oriol Pujol Ferrusola pese a que ha cerrado a un acuerdo con la fiscalía. Según los términos de este pacto, la condena será de dos años y medio de cárcel. A los exconvergentes les esperan todavía muchos sobresaltos judiciales.