Guerra total entre PSdeG y PP en el Parlamento de Galicia por el vaciado de embalses
El PSdeG endosa a la Xunta las competencias para frenar los vaciados de embalses mientras el PPdeG acusa a la formación socialista de proteger al presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Imagen del embalse de As Portas (Vilariño de Conso), explotado por Iberdrola, y cuya reducción de caudal está siendo investigada por el Gobierno. Foto: EFE/ Brais Lorenzo
Choque en el Parlamento de Galicia a cuenta de la polémica por el vaciado de los embalses. El viceportavoz del grupo socialista, Pablo Arangüena, y la secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, María del Carmen Bouso Montero, se han enzarzado en un cruce de acusaciones sobre si la responsabilidad en esta situación recae sobre la administración estatal o la autonómica.
Arangüena ha acusado a la Xunta de actuar con un «cinismo insoportable» por tratar de «derivar sus responsabilidades hacia el Gobierno central» respecto del vaciado de los embalses gallegos y, además, ha advertido al Ejecutivo autonómico de que «podría estar cometiendo un acto de prevaricación por omisión», puesto que «conocían su obligación legal y no hicieron nada; sólo echar balones fuera».
A su juicio, «la comunidad tiene competencias en cuanto a la protección del Medio Ambiente y el paisaje, respetando la legislación básica estatal». Según ha defendido, la Xunta cuenta con «hasta tres leyes y un reglamento con otros tantos regímenes sancionadores» y ha incidido además en que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «informó» de su intención de vaciar los embalses, concretamente el 10 y 12 de julio, por lo que «Feijóo mintió una vez más».
A vueltas con el reparto de competencias
«Ustedes parecen interpretar que los correos electrónicos -del 10 y 12 de julio- no son una comunicación, ni tampoco el aviso al 112, que depende del vicepresidente Rueda, ni el balance semanal de la Confederación», ha apuntado Arangüena. En esta línea, el viceportavoz del grupo socialista ha recalcado que «la comunicación no es un requisito para que la Xunta establezca medidas, que deberían establecer de oficio sin depender de una comunicación». «No son medidas de procedimiento a instancia de un particular, sino de protección de un bien público que requiere actuar de oficio», ha aseverado.
Además Arangüena ha arremetido contra el presidente de la Xunta de Galicia por insinuar que hubo «connivencia con las eléctricas» por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. «¿De qué tipo de connivencia hablan, de la del presidente de Iberdrola?, reconocido amigo de Núñez Feijóo?», ha comentado el socialista, que ha querido saber además por qué la Xunta usa la Ley de Pesca para las sanciones, con un límite de hasta 25.000 euros -«unas sanciones reducidas este año en un 92%, de los 300.000 a los 25.000 euros»-, y no la de Patrimonio, con la que se pueden imponer hasta dos millones de euros.
La Xunta acusa al PSdeG de proteger a la CHMS
Sobre este último punto, la secretaria xeral ha criticado la interpretación realizada por Arangüena del mencionado artículo, que ha tachado de «torticera». «No se pueden retorcer los textos así, pues no dice que las concesionarias tengan que pedir autorización», ha recalcado Bouso.
Además, la representante de la Xunta ha criticado que el viceportavoz considere que «las concesionarias lo han hecho todo bien, cuando la propia ministra tachó las actuaciones de escandalosas». «Estoy atónita ante la normativa que manejó el grupo socialista, porque la que he visto yo dice todo lo contrario», ha señalado Bouso Montero, que ha indicado que «la Confederación podrá condicionar o limitar el uso del dominio público», entre otros artículos. «Es insólito que un diputado del Parlamento de Galicia haga todos estos argumentarios para proteger al presidente de la Confederación que ignoró todas las herramientas legislativas que tenía encima de la mesa», ha lamentado.
Además, la secretaria xeral ha subrayado que en los embalses de competencia gallega, la situación fue de «normalidad; no hubo ningún embalse que llegase a vaciados escandolosos», con «la misma normativa y las mismas leyes concesionarias», ha recalcado Bouso. Además, y recurriendo a una sentencia del Tribunal Constitucional para un caso similar en la Comunidad Foral de Navarra, Bouso ha asegurado que «exigir autorización autonómica» implica entrometerse en las competencias de un organismo estatal, algo, por tanto, «inconstitucional».
