Guerra política entre el PSdeG y la Xunta por el canon del agua
Los socialistas gallegos amenazan con acudir a los tribunales si no se busca una solución para un canon que definen como una "tropelía que estrangula a los ayuntamientos"
El PSdeG no descarta acudir a la vía judicial para dar solución a la “tropelía” del canon del agua que «estrangula» a los ayuntamientos. El secretario de Organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage, ha instado a la Xunta a que se reúna de forma urgente con los municipios para abordar esta cuestión, en lo que supone una «última llamada» al diálogo para buscar una solución antes de optar por la «confrontación”.
En una comparecencia con el secretario de Política Municipal del PSdeG y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, así como acompañado de varios alcaldes, Lage Tuñas ha denunciado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «estrangula ayuntamientos y sube impuestos a vecinos» con este canon.
Al respecto, Alberto Varela alerta de que municipios que tienen unos 7 millones de presupuesto están recibiendo liquidaciones de 200.000 euros por un cuatrimestre, lo que es «inasumible». Censura que esta situación se debe a que el PP sacó adelante la ley del ciclo del agua «con prisa» y «sin consenso de ayuntamientos».
Asimismo, se queja de que esta es una «gotita más» mientras los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de competencias «impropias» sin recibir financiación, tales como el servicio de ayuda en el hogar (SAF), las escuelas infantiles y los servicios de drogodependencia, entre otros. Avisa de que son nuevas obligaciones que «están ahogando» las arcas municipales.
Por todo ello, Varela emplaza al Gobierno gallego a sentarse con representantes de los municipios, en la comisión mixta con la Fegamp, ante estas «cargas que no pueden abordar» sin aportar financiación.
“Señores feudales”
En esta línea, Lage Tuñas incide en que el «estrangulamiento» a los municipios se traduce en «una subida de impuestos para todos los vecinos» y «sin diálogo de ningún tipo» con los ayuntamientos, en lo que tacha de «huida hacia adelante» por parte de Rueda con un «canon a la lluvia».
El secretario de Organización de los socialistas gallegos arremete contra la «discrecionalidad y arbitrariedad» del Gobierno gallego, que «deja a más de 100 ayuntamientos» sin financiación para mejora de depuradoras, así como para cumplir con el mandato de la UE, y sin aplicar fondos europeos que se transfieren a la comunidad, pues «solo miran el color político» en el reparto.
Por ello, ha acusado a Alfonso Rueda y a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de tener una actitud «propia de señores feudales», ya que «consideran que pueden avasallar a todos lo que no son de su color político o no le ríen las gracias».
La versión de la Xunta
La conselleira de Infraestruturas ha pedido al PSdeG que «deje de enredar» porque la ley del ciclo integral «no crea ninguna tasa nueva a sus usuarios ni sube el recibo de auga», por lo que emplaza a los socialistas a que «se informen bien sobre las competencias y responsabilidades municipales».
En declaraciones este martes, la conselleira lamenta que «el PSOE olvide lo que son las competencias y responsabilidad municipales en la gestión del agua y confunda subir impuestos con mejorar la gestión y el servicio del agua».
La conselleira sostiene que «quien emite los recibos del agua son los ayuntamientos, quien decide el ciclo integral del agua son los municipios, en consecuencia, pues deciden el recibo». Apunta a «muchos ejemplos» de municipios socialistas de subida de recibo del agua de forma previa a la entrada en vigor de esta ley, entre lo que ha citado a O Grove, Viveiro y Vigo, «que es el municipio con recibo de agua más alto» y que «subió desde el año 2020 un 15%».
Ethel Vázquez incide que «son los municipios los que voluntariamente deciden el modelo de gestión», «son los que deciden y emiten el recibo de auga». Aquí, opina que «lo que afecta muchísimo al recibo de auga es el precio de la luz», «por lo tanto, consecuencia de las políticas del Gobierno socialista de España».
Acusa al PSdeG de que «tienen un error grave, de bulto, de concepto, porque quien decide el modelo de gestión de aguas y quien emite el recibo del agua son los ayuntamientos». Reitera que la ley «ofrece ayuda» a los municipios para infraestructuras y «ayudas para inversiones».