Guerra en la Fiscalía de Delincuencia Económica de A Coruña
El fiscal Juan Antonio Frago presentó un recurso contencioso por el nombramiento del delegado provincial de Delincuencia Económica, que el TSXG desestima
Lío en la Fiscalía de Delincuencia Económica de A Coruña. De resolverlo se ha encargado la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y todo viene a cuento de un nombramiento, el del nuevo fiscal delegado de Delincuencia Económica para toda la provincia. La batalla la desató uno de los fiscales especializados en la materia, Juan Antonio Frago, que presentó un recurso por vulneración de derechos fundamentales contra la decisión del fiscal jefe, Javier Rey Ozores, de nombrar para el puesto a un compañero, Román Ruiz Alarcón. El TSXG acaba de desestimar el recurso.
Frago consideró que el nombramiento de Ruiz Alarcón como fiscal delegado provincial de Delincuencia Económica, que se firmó por parte del fiscal jefe de A Coruña el pasado mes de junio, vulneraba cuatro artículos de la Constitución, atentando contra derechos fundamentales, por lo que no dudó en presentar un recurso que derivó en un proceso especial por parte de la sala de lo Contencioso del TSXG. La parte demandada, la Fiscalía Provincial de A Coruña.
Presidente de una asociación de fiscales
Ambos fiscales, tanto Ruiz Alarcón como Frago, están especializados en delitos económicos. En su recurso, dirigido por la letrada Verónica Suárez García, el demandante aludía incluso a su condición de presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales como uno de los motivos que le habían apartado de la designación para la que se creía en derecho. Alegó, en este sentido, el derecho de asociación, “por estimar que se ha ejercido contra el actor una represalia antisindical”, según recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia.
Con el nombramiento de Ruiz Alarcón, también consideraba Frago que se vulneró su derecho al honor, por haberse fundamentado la negativa del fiscal jefe a su designación señalando que “no está integrado en la Fiscalía y mantiene escasa comunicación con los demás fiscales de la plantilla» y por “enfangar el prestigio profesional del demandante”, recoge la sentencia.
“Enemistad evidente”
El derecho de acceso en igualdad a cargos públicos fue otro de los preceptos que Frago consideraba vulnerados con el nombramiento de Ruiz Alarcón. En su recurso, pese a que reconocía que su rival tenía mayor antigüedad, consideraba que él “ha podido hacer mucho más en ocho años menos de carrera profesional”, por lo que entendía que no se cumplía el mandato constitucional que exige decidir en razón del mérito y capacidad.
El fiscal jefe provincial tenía que haberse abstenido, decía Frago, “tanto por enemistad evidente hacia el demandante, como por pertenecer a la misma asociación de fiscales que el adjudicatario” de la plaza. También consideraba que el nombramiento para tal puesto debería ser competencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Todos los argumentos se caen
El fallo de la sala, del que es ponente el magistrado Fernando Seoane, desmonta uno por uno los argumentos del fiscal Frago. La sala va más allá y en la sentencia, que data del pasado mes de septiembre, da por buenos los criterios de elección de Ruiz Alarcón al reconocer que por “su personalidad, formación jurídica, capacidad de trabajo, integración en la Fiscalía, coordinación los demás fiscales y con el fiscal jefe, presenta condiciones idóneas para servir de referente a los componentes de la sección de delitos económicos, y para ejercer las funciones de coordinación delegadas de la jefatura en esta materia”.
En la sentencia a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia la sala también desarma otras de las tesis de Juan Antonio Frago al asegurar que “los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán pertenecer a sindicato alguno, por lo que no puede ser titular del derecho de libertad sindical”, como apuntaba el demandante en su defensa. El TSXG, en síntesis, desestima íntegramente el recurso e impone costas al fiscal Frago. Su defensa, consultada al respecto por Economía Digital Galicia, elude concretar si ha presentado ya recurso de casación, o tiene intención de hacerlo.
