Greenpeace alega contra la ley de litoral gallega por favorecer a los “intereses económicos”
El grupo ecologista presenta sugerencias y alegaciones al anteproyecto de ley al considerar que la conservación y restauración de los ecosistemas debe ser la “principal prioridad en la ordenación del litoral”
La organización ecologista Greenpeace ha presentado alegaciones y sugerencias al anteproyecto de Ley de Ordenación del Litoral de Galicia fundamentadas en la “deficiencia de espacios protegidos en Galicia, así como en llamar la atención sobre medidas previstas que pueden incidir en una mayor presión sobre los sensibles ecosistemas litorales”.
Según destacan los ecologistas, Galicia está “entre las comunidades autónomas con menos porcentaje de espacios protegidos del Estado, por debajo del 12% de la superficie”. Desde Greenpeace explican que este hecho ha sido “criticado” por la Unión Europea “por la ausencia de algunos hábitats representativos en la red Natura 2000 gallega, así como por las deficiencias en los instrumentos de gestión de la misma”. También sostienen que “el plan director elaborado en 2014 por la Xunta para la gestión de los espacios de la red Natura, que se empezará para determinar muchos usos derivados de esta ley, no cumple los requisitos de la Directiva Hábitats”.
Manuel Santos, de Greenpeace Galicia, ha destacado que la ley de ordenación del litoral debe “priorizar el futuro, que pasa por la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad”. “Antes de establecer una zonificación hace falta corregir las enormes deficiencias de Galicia en lo referente a sus espacios protegidos porque, de lo contrario, estamos ordenando un territorio excesivamente desprotegido. Es una gran oportunidad para corregir estos defectos en la conservación ambiental en el país”, ha subrayado.
Poca superficie protegida
Greenpeace considera que el porcentaje de superficie protegida en el anteproyecto de ley es “ridícula en relación a la media del Estado”. Por este motivo, consideran que se debería revisar con anterioridad a la “identificación de los espacios del litoral que, por sus extraordinarios valores ambientales, deban ser objeto de especial protección”, como figura en el artículo 3 del texto, “recuperando y ampliando las propuestas de ampliación de la red Natura que no salieron adelante en 2008 y 2011” que consideran “insuficientes”.
El grupo ecologista defiende que “el punto de partida de este anteproyecto de ley del litoral debería ser el compromiso de revisión para alcanzar el 30% de superficie protegida tanto terrestre como marina para 2030”.
Además de ello, ha recordado que se debería incluir en el articulado del proyecto como consideración previa “la obligatoriedad de revisar, previamente a la entrada en vigor de la ley, los instrumentos de gestión para que cumplan los requisitos Directiva Hábitats tal y como demanda la Unión Europea”.
Otros aspectos del anteproyecto
La ONG también considera que otros aspectos del anteproyecto son “mejorables”. Así, por ejemplo, han apuntado que “no deja claro el objetivo de asegurar la integridad y conservación del Dominio Público Marítimo-Terrestre y la recuperación para el patrimonio público de las concesiones caducadas, como apunta la Ley de Costas”.
También inciden en que, aunque el texto contempla aspectos como la restauración de ecosistemas o la adaptación y mitigación del cambio climático, se hace con “poca consistencia y concreción y tampoco se establece una priorización de objetivos, en los que prime la conservación sobre los intereses económicos”.
Establecimientos turísticos
En relación con la regulación de la red de establecimientos turísticos en el litoral y la creación de nuevas sendas litorales, desde la ONG exigen que se “diferencien de lo que son corredores ecológicos, por cuanto pueden suponer más presión humana especialmente fuera de ría, en los lugares de la costa gallega que aún se mantienen en estado de conservación aceptable”.
“Es difícilmente entendible que una norma que debe proteger el litoral lleve un artículo cuyo objetivo es crear hoteles en el mismo por ley. Parece más una privatización encubierta. La recuperación patrimonial no es una justificación aceptable, por cuanto también podrían tener otros usos públicos y, en todo caso, nunca en áreas de conservación ambiental. Es muy significativo que en las actuaciones estratégicas para el desarrollo sostenible del litoral no se incluya ninguna medida de conservación o restauración de ecosistemas. Falta un poco de enfoque ecosistémico.”, ha concluido Manuel Santos.
Por último, la organización ecologista coincide en la necesidad de una mejora en la ordenación del litoral aunque “pide un proceso de participación pública real, que vaya más allá de la presentación de un texto ya impuesto sin que se haya hablado lo suficiente, o en ocasiones nada, con muchas partes interesadas, como las organizaciones ambientales”.