Golpe a los grandes propietarios: ¿quién tiene más de diez viviendas en Galicia?
Sareb, fondos de inversión como Blackstone, Cerberus o Lone Star; socimis y empresarios que desembarcaron en el negocio de la vivienda turística son los grandes propietarios de Galicia
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en Santander / Juan Manuel Serrano Arce
PSOE y Unidas Podemos han desbloqueado los presupuestos con un acuerdo para alumbrar la nueva ley de vivienda y han enfadado a la CEOE, que criticó con fuerza una normativa que supone, a su entender, “una distorsión brutal” de la libertad y la propiedad privada.
Los socios de Gobierno han pactado intervenir en los precios poniendo límites al alquiler, una medida que estuvo siempre en la agenda de Yolanda Díaz e Ione Belarra, pero que no gustaba a los socialistas. La presión por sacar adelante los presupuestos y el largo periodo de negociación acabó por convencerlos.
A pesar de la indignación de Antonio Garamendi, la intervención sobre los precios es limitada y se articula en dos medidas. La ley, a falta de su plasmación en el BOE, definirá como grandes propietarios a las empresas o sociedades de inversión con más de 10 propiedades. Serán a estas, fundamentalmente fondos de inversión, a quienes se les pueda topar el precio del alquiler.
La condición para ello es que se encuentren en una zona tensionada, es decir, donde el coste del arrendamiento haya subido excepcionalmente o suponga una carga muy elevada sobre los ingresos de las familias que arriendan su vivienda habitual. La declaración de zona tensionada tendrá que partir de una petición de las comunidades autónomas, que serán también quienes decidan sobre la limitación de precios. A priori, eso supondrá que los territorios gobernados por el PP no la apliquen, al oponerse a la normativa.
Los precios se limitarán en base a un índice de referencia que confecionará el Gobierno en un plazo máximo de 18 meses, aunque la puesta en marcha de la ley será anterior y, según aseguró Ione Belarra, implicará una congelación de los alquileres.
Cómo afectará a Galicia
Las tensiones en el mercado del alquiler en Galicia se concentran en las ciudades, fundamentalmente en A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, excepcionalmente en algunas zonas turísticas en periodo estival. Es en estos territorios donde se centra el grueso de las operaciones tanto de alquiler como de compraventa.
Los propietarios de más de diez viviendas en la comunidad son la Sareb, el banco malo que absorbió el ladrillo tóxico de la banca y que suma unos 8.000 inmuebles en cartera, aunque su vocación es la venta, no el alquiler. Lo mismo sucede con la banca, que sumaría otras 3.000 propiedades en suelo gallego.
Los que sí podrían verse afectados son los grandes fondos de inversión como Blackstone, Cerberus, Lone Star o Apollo. Solo el primero, según estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), cuenta con unas 3.500 viviendas en la comunidad.
Hay otros dos perfiles de grandes tenedores de vivienda en Galicia, según fuentes del sector. Las socimis, que intensificaron su penetración en la comunidad en el periodo que transcurrió desde el fin de la crisis económica al estallido de la pandemia; y algunos empresarios que se sumaron al boom de los pisos turísticos en busca de rentabilidad, en algunos casos adquiriendo edificios para destinarlos íntegramente a vivienda vacacional y gestionándolos con sociedades cartera.
La patronal gallega, en contra
El presidente de Fegein, Benito Iglesias, ha manifestado su total oposición a la normativa y considera que, “de aprobarse tal cual, sería claramente anticonstitucional”. Asegura que supone la intervención de facto del mercado y provoca una “inseguridad jurídica” injustificable. “Crea un enorme problema en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías”, señaló el empresario.
En Fegein llevan tiempo apostando por “sacar suelo urbanizable al mercado para abaratar los precios” e incorporar “un parque de viviendas sociales de colaboración público privada, como en el resto de Europa”, pero debe hacerse desde “la seguridad jurídica” y desde la reducción de “los impuestos” y la “burocracia”, aseguran.
