Galicia lo vuelve a intentar: reclama en bloque el traspaso de la AP-9

Galicia quiere su autopista. Una vez más, los cuatro grupos del Parlamento se han puesto de acuerdo para reclamar en bloque la transferencia de la AP-9. La nueva proposición de ley, acordada por PP, En Marea, PSOE y BNG, apoyada por los 75 diputados, se eliminan las cuestiones que motivaron el veto por parte del Gobierno a su debate en el Congreso el pasado mes de octubre.

En concreto, se ha retirado el plazo máximo de seis meses para el traspaso efectivo de la vía y se pone por escrito –en una disposición adicional– que el cambio de titularidad no supondrá ningún incremento de los créditos ni disminución de los ingresos previstos en los presupuestos estatales en vigor.

Gestión conjunta con Fomento

El Parlamento defiende que la AP-9 es una «vía vertebral que conecta toda la franja atlántica y cinco de las siete grandes ciudades gallegas» y reivindican la gestión desde Galicia de una de las autopistas «más importantes» para la comunidad «desde el punto de vista social y económico».

Llega poco después de que Fomento haya accedido a crear una mesa conjunta con la Xunta para tomar decisiones sobre la gestión del vial, un premio de consolación que no ofrece garantía alguna al Gobierno gallego, pero que ha sido celebrada tanto por Núñez Feijóo como por la conselleira Ethel Vázquez.

Competencia plena para Galicia

Sin embargo, ambos se comprometieron a continuar reclamando el traspaso de la autopista, que ha tomado forma en esta propuesta. Solicita la titularidad, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios hasta ahora ejercidos por la Administración general del Estado en relación con la AP-9.

Así, se subraya que una vez realizado el traspaso, Galicia tendrá encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.También asumiría la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, así como la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la autopista.

Abaratar los peajes

La Xunta también se haría cargo de las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, en particular en lo que respecta a fijar, actualizar o suprimir tarifas y peajes, así como a la aplicación de programas de descuentos. También se encargaría de la redacción y aprobación de convenios, o de adendas a los actuales, para recoger nuevas condiciones relativas al régimen de la concesión, así como con ampliaciones o reducciones de la actual.

Fomento mantendría la responsabilidad sobre las obligaciones económicas que haya contraído durante su gestión con la concesionaria, Audasa.