Galicia decide entre dos modelos opuestos para la reconstrucción
PP, PSOE, BNG y Galicia en Común coinciden en dar ayudas a sectores golpeados por el Covid-19, pero chocan en materia fiscal y con crear un banco público
Galicia se cita este domingo con las urnas. Del resultado de las elecciones autonómicas saldrá el o la responsable de llevar las riendas de la Xunta de Galicia durante los cuatro próximos años y a su llegada al cargo ya se encontrará con sus primeras tareas sobre la mesa. Y es que las previsiones económicas apuntan a que la economía gallega sufrirá, al igual que la española, una caída de doble dígito en este 2020 como consecuencia de una crisis por el coronavirus que sigue dando sus coletazos y ante la cual las principales fuerzas políticas han desplegado una batería de medidas en su programa electoral.
La «legislatura diferente» del PPdeG
El propio programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo pretende revalidar la que sería su cuarta mayoría absoluta apunta en esta dirección. Define un hipotético nuevo mandato como “legislatura diferente” y centra sus recetas económicas en hacer que el tejido productivo gallego sea “más innovador” y más “competitivo” como objetivo a medio-largo plazo, pero para los retos más inmediatos aboga por utilizar la “buena situación financiera” en la que se encuentra la comunidad para aportar liquidez y recursos económicos a las pymes que estén pasando por apuros y financiar “proyectos de futuro en sectores estratégicos de la economía gallega”. Entre estos últimos se encontrarían los ya presentados centros de biogás, la planta de fabricación de fibras textiles a partir de madera o la planta de generación de hidrógeno.
En paralelo, el programa electoral del PPdeG aboga por reclamar al Gobierno un sistema de bases imponibles negativas de actividades económicas de manera transitoria para los próximos dos años y por incluir una nueva palanca en Xesgalicia para canalizar nuevas inversiones. Así, Xesgalicia facilitará la “inversión directa” en “fondos de inversión privados con retorno en el tejido productivo. Estas inyecciones de fondos irán orientadas, principalmente, al “sector industrial”, “las start-ups innovadoras” como las fintech, así como a “operaciones que posibiliten el crecimiento empresarial a través de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones”. Los proyectos de inversión por un importe superior al millón de euros serán revisados por una oficina de evaluación, que con metodología recomendada por la AIREF y la OCDE, medirá su idoneidad antes de que sean puestos en marcha.
La política expansiva del PSdeG
El PSdeG-PSOE también pone el foco en reforzar la competitividad de la economía gallega y dinamizar el mercado laboral. Además de pedir la potenciación del servicio público de empleo, la formación liderada por Gonzalo Caballero aboga por poner en marcha una política fiscal expansiva con los recursos obtenidos con la reforma del sistema de financiación autonómica, con la creación de “alguna nueva figura tributaria” y endureciendo el control al fraude fiscal.
El programa electoral del PSdeG-PSOE alude a la delicada situación de la industria gallega y para hacerle frente pide «minimizar las barreras al crecimiento», «mejorar la productividad del tejido industrial» y llevar a cabo una apuesta más decidida a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), del que critica el uso que le ha dado la Xunta en el trienio 2016-18, en el que según asegura “solo ejecutó” 160 de los 308 millones que tenía comprometidos.
El vuelco fiscal del BNG
Por su parte, el BNG aboga por crear una banca pública propia y una versión gallega del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se trataría del Instituto Galego de Crédito, con el que abogan por reformular “los instrumentos de crédito y adoptando las medidas necesarias para que el ahorro gallego revierta en crédito e inversión en nuestro país”, según aseguran. Al mismo tiempo, el BNG pide endurecer el control sobre los bancos privados tanto con la aprobación de “normas sobre los servicios financieros que limiten el cobro de comisiones a los usuarios” como con la limitación de salarios a sus directivos y la limitación de lo que consideran como “movimientos especulativos de capital”.
El programa de la formación encabezada por Ana Pontón también apuesta por una vuelta de tuerca en materia fiscal para traspasar la competencia del Impuesto de Sociedades a Galicia y la negociación de “un nuevo modelo basado en el concierto económico” para elevar la cuota de autogobierno en Galicia. Además, aboga por subir gravámenes a los tramos de renta más elevados y la «mejora en la progresividad en la tributación del ahorro». De cara a la crisis industrial, la formación nacionalista pide la aprobación definitiva del Estatuto para el Consumidor Electrointensivo y redobla su presión para crear una tarifa eléctrica gallega.
El banco público de Galicia en Común
El programa del BNG tiene elementos coincidentes con el de Galicia en Común-Anova Mareas. Uno de ellos es a propuesta de poner en marcha un Instituto Galego de Crédito para “reactivar los flujos crediticios a las pymes” y para preparar el terreno de cara a “la creación final de una banca pública gallega”.
El objetivo, según defienden en su programa electoral es dotar a la administración de más instrumentos para estimular la actividad productiva y abren la puerta a entrar en el capital de empresas en problemas por crisis como las del Covid-19 para intentar preservar el empleo. En clave industrial, la formación aboga por poner en marcha una “alianza en el sector industrial gallego”, que conecte a empresas y universidades para avanzar en la “digitalización”, la “transición energética” y la “economía verde”.
