Galicia, Asturias y Castilla y León reclaman más de 400 millones a Pedro Sánchez
Los Gobiernos de Asturias (PSOE) y de Castilla y León (PP) se suman a Feijóo y exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez un mes de recaudación del IVA
No habían pasado dos semanas desde que Pablo Casado se coronara como nuevo presidente del PP, cuando Alberto Núñez Feijóo compareció ante los medios tras la reunión de su equipo de Gobierno y aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retenía 198 millones de la Xunta sin motivo.
El presidente gallego aludía a la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido que no había llegado a las arcas de San Caetano por una cuestión “técnica”, pero que estaba dispuesto a reclamar para evitar “la peor noticia económica en una década”.
La cuestión “técnica” aludía a una reforma realizada por Cristóbal Montoro en 2017, pero sirvió para que populares y socialistas gallegos se enzarzaran. Los segundos, a través del delegado del Gobierno, Javier Losada, se preguntaron por qué Feijóo no reclamó los casi 200 millones cuando Montoro aplicó la reforma. El PPdeG, por boca de su secretario xeral, Miguel Tellado, llamó “traidores” a los socialistas por no sumarse a la causa.
Asturias reclama 70 millones y Castilla y León, 142 millones
Sin embargo, la demanda de Feijóo sí que enraizó en otros territorios. Concretamente en dos, uno dirigido por el Partido Socialista y otro por el Partido Popular. Tanto el presidente asturiano, Javier Fernández, figura de peso dentro del partido, como la vallisoletana Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, han manifestado su descontento por la pérdida de la recaudación.
Entre las tres comunidades reclaman más de 400 millones retenidos por el Gobierno central que antes de la reforma de Montoro se ingresaban en las arcas autonómicas.
Javier Fernández cifró entre 70 y 75 millones lo que perderá Asturias por la liquidación del IVA, atendiendo a la notificación del Ministerio de Hacienda de que recibirán 11 y no 12 mensualidades del impuesto como sucedía hasta ahora. El socialista consideró que este sistema debe corregirse y lamentó que no se aprobaran los puntos de déficit adicional que hubieran aliviado la tesorería por otra vía, la de la deuda.
2.800 millones en toda España
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue más severa y aseguró que remitirá un documento al Gobierno de Pedro Sánchez para pedirle “que no se quede con el dinero de las autonomías”. Las liquidaciones no transferidas sumarían, según sus cálculos, unos 2.800 millones para el conjunto de España. Castilla y León, por su parte, reclama 142 millones.
Del Olmo explicó que antes de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy estaba garantizado el cobro en el ejercicio pues las empresas tenían 20 días para liquidar el impuesto. Al ampliar a 30 días el plazo, los pagos pasan a enero del año siguiente, por lo que la liquidación no entra dentro del mismo ejercicio. Es decir, las autonomías no ingresan el último mes del año.
