Frenazo de los Franco: la Justicia paraliza la retirada de los bienes del Pazo de Meirás
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña deja en suspenso el plazo de un mes concedido a la familia heredera del dictador para vaciar el Pazo de Meirás
Vista exterior del Pazo de Meirás
La Justicia tumba las pretensiones de los Franco de retirar los bienes del interior del Pazo de Meirás. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dejado en suspenso el plazo de un mes concedido a la familia heredera del dictador para vaciar el emblemático inmueble situado en el Concello de Sada.
El tribunal adopta esta decisión (ante la que se puede interponer recurso) mientras se espera a que se resuelvan los incidentes sobre los bienes y elementos que los familiares del dictador podrían sacar el inmueble, además de los recursos de reposición presentados tanto por el Estado, la Xunta, la Diputación provincial y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
El Estado deberá justificar las obras en Meirás
Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la resolución también contempla un requerimiento al Estado para depositar, en un máximo de un mes, toda la documentación e información que justifique la necesidad de realizar obras en el Pazo de Meirás, algo que había solicitado previamente la familia Franco.
De esta forma, el Gobierno central deberá justificar la declaración de emergencia de las contrataciones de las obras y especificar los trabajos concretos realizados, aquellos que está ejecutando y los que «proyecta ejecutar”. Además de justificar su importe, el Estado central deberá incluir también la memoria propuesta para la declaración de emergencia de determinadas actuaciones, que fue elaborada por la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña.
También tendrá que remitir el encargo realizado a la empresa en el que se detallan pormenorizadamente las obras de emergencia a realizar, tanto en el edificio principal como en el entorno del pazo (incluyendo su coste), así como un estudio sobre la situación de las instalaciones eléctricas del edificio y el contrato para solucionar de manera urgente los problemas detectados. El Estado, además, deberá facilitar los contratos relacionados con la jardinería.
Denegada la otra petición de los Franco
La justicia tumba, por el contrario, la petición de los Franco de que unos técnicos propuestos por ellos mismos pudiesen inspeccionar presencialmente las partes o elementos del pazo afectados por las obras.
En el auto, contra el que cabe presentar recurso de apelación, la jueza destaca que la Administración «afirma la existencia de un amplio reportaje fotográfico» en el que se recoge el estado previo del inmueble antes de los trabajos a ejecutar. «No nos encontramos ante una empresa privada o particular que por iniciativa propia acomete una serie de obras que entiende como necesarias, sino ante una administración pública -Consejo de Ministros- que a la vista de la memoria propuesta para la declaración de emergencia y del expediente administrativo correspondiente autoriza las obras y actuaciones a realizar».
«Estando documentadas y aprobadas, al igual que la partida presupuestada para su realización», subraya la jueza. Así, añade que «a la vista de la prueba documental y de los informes periciales de los técnicos de la Administración, los demandados tendrán acceso y pleno conocimiento de las obras a realizar/realizadas y el coste fijado a cada una de ellas».
