Finsa y Ence también salen a la calle en defensa del rural

Aunque de capa caída, el medio rural está vivo, como demostraron este domingo los centenares de ganaderos, silvicultores, agricultores, cazadores, pescadores y mineros que se manifestaron en Santiago para denunciar «el abandono» del rural y las consecuencias para el sector de la normativa de la Xunta sobre la limpieza de fincas para evitar incendios. En total, más de 70 organizaciones de sectores que abarcaban desde el forestal hasta el cinegético, pasando por industrias como Ence o Finsa.

En la movilización, encabezada por Unións Agrarias, se han puesto de manifiesto distintas problemáticas del medio rural. En palabras de su secretario xeral, Roberto García, «el gran enemigo del rural es el abandono» así como «la ausencia de ganaderos y agricultores, que son los que permiten que las olas de incendios se puedan atajar».

Uno de los aspectos que más molestan estos días al sector es la norma sobre limpieza de fincas y la amenaza de multas para los propietarios que no cumplan con las franjas de seguridad. Sobre esta cuestión, el presidente del Clúster de la Madera de Galicia, Xosé Manuel Iglesias, ha advertido que «es imposible poner sobre las espaldas del habitante del rural la limpieza de un territorio que es de uso público”. También ha asegurado que está provocando «colapso en la limpieza de las fincas», porque el sector no tiene capacidad para recoger la madera que se está generando.

Expropiaciones

En este sentido, desde Promagal, la federación de productores de madera de Galicia, su presidente, Ramón Reimunde, se ha sumado a las críticas a la normativa de la Xunta y, de forma concreta, las distancias establecidas, que tacha de «excesivas».

Como alternativa, propone que la administración «expropie» los terrenos que se sitúan en las franjas de las carreteras, al entender que, «si no, la Xunta se va de rositas, pone una ley y quien tiene que pagar los costes es el propietario, que no puede producir madera y tiene que gastar dinero en desbrozar».

La falta de explotación de los terrenos que se sitúan en las franjas de protección de las carreteras y que suman, según sus cifras, cerca de 100.000 hectáreas en Galicia, provoca que no se obtengan «unos 50 millones de euros».