Feijóo se revuelve por el recurso a su Ley de Salud: “Vaya idea de cogobernanza”

El presidente de la Xunta de Galicia carga contra el Gobierno central tras el anuncio de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley gallega de salud. A través de su cuenta de Twitter, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo central de falta de diálogo y de, a su juicio, desentenderse de la gestión de la pandemia.

“Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las CCAA y recurre la Ley gallega de Salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta. Vaya idea de cogobernanza”, ha proclamado Feijóo.

El presidente de la Xunta reitera el mensaje lanzado a finales del pasado mes de febrero, cuando aseguró que no “merecemos ser castigados por defender la salud de los gallegos”. Es un “proyecto que remitimos al Gobierno central y que ni siquiera fue contestado. Sería una actuación impropia que, cuando un Gobierno central conoce una propuesta de una comunidad y no responde, posteriormente intente que no entre en vigor”, censuró ante una amenaza de recurso ante el Tribunal Constitucional que se ha materializado hoy.

Posibilidad de multas

El punto principal en liza son las sanciones a las que la Xunta abre la puerta (pero todavía no impone) a los gallegos a imponer multas de entre 3.001 y 60.000 euros cuando la negativa de una persona a vacunarse “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave”, unas multas a las que se suman otras de 100 euros por no cumplir con el uso obligatorio de las mascarillas.

Según defiende el Gobierno, la norma aprobada en el Parlamento de Galicia lleva aparejada una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales al entender que introduce «restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales» que, según el artículo 81 de la Constitución española, están reservadas a una Ley Orgánica.