Los Franco entregan el Pazo de Meirás pero siguen la guerra judicial
La familia Franco acepta la devolución provisional del Pazo de Meirás al Estado mientras no se resuelva su recurso presentado ante la Audiencia Provincial
El Pazo de Meirás vuelve a ser de titularidad pública, al menos de momento. La familia Franco ha aceptado entregar el inmueble sadense de forma provisional al Estado mientras no se resuelva el recurso que ha presentado contra la sentencia que declaraba nula su compra en el año 1941 y que obligaba a su devolución.
Los herederos de Franco han remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruñ para comunicar que la familia «no tiene intención de oponerse» a la solicitud de la ejecución provisional del fallo y «muestra su disposición a, con el referido carácter provisional y a expensas de cómo se resuelva su recurso, cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia de referencia».
Comprado con fondos con «tinte forzoso»
El movimiento se produce una semana después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que la Abogacía del Estado iba a pedir la ejecución provisional del fallo y que fuese el Estado el que se encargase de la gestión de un Bien de Interés Cultural (BIC) que hasta ahora era gestionado por la familia Franco, que se encargaban de las visitas. «Es una reclamación de la ciudadanía, las instituciones y administraciones», apuntó Campo.
De esta forma, la familia Franco cumple con el deseo de la Xunta, el Concello de Sada y la Diputación de A Coruña, que habían solicitado la ejecución provisional del fallo y la devolución de un Pazo de Meirás que, según los herederos del dictador, fue un regalo a título personal. Así lo alegan en su recurso, presentado ante la Audiencia Provincial, en el que se rebelan contra la interpretación del fallo judicial, en el que se asegura que se le obsequió en calidad de Jefe del Estado y que los fondos destinados a comprar el pazo para el dictador «tuvieron un tinte claramente forzoso». Los Franco consideraron la sentencia «notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa» e iniciaron una guerra judicial que se llevará a cabo con el Pazo de Meirás ya fuera de su control.