Evitar otro Alu Ibérica: Industria busca blindar el empleo de las empresas que reciben ayudas públicas

El Gobierno trata de blindar el empleo industrial, especialmente en aquellas grandes factorías que hayan recibido ayudas públicas. En 2020, la intención inicial (no materializada, finalmente) de Alcoa de aplicar un expediente de regulación de empleo en San Cibrao y el fiasco de las dos fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés hizo que tanto políticos como sindicatos pusiesen sobre la mesa el hecho de que grupos que durante años habían accedido a incentivos públicos pudiesen posteriormente iniciar procesos de ajuste. La nueva Ley de Industria trata ahora de ponérselo más complicado, al menos sobre el papel.

Ahora, las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas tendrán que mantener su actividad productiva durante al menos cinco años en el caso de grandes compañías o durante tres si se trata de pymes. Así se recoge en el anteproyecto de la nueva normativa aprobada este lunes por el Ejecutivo.

Mesa de reindustrialización

El texto también recoge como novedad la obligación de las empresas en determinadas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo.

En estas ocasiones, se creará una mesa de reindustrialización en la que participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas para explorar «fórmulas de prevención, corrección y mitigación, y tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo», ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Sustituye a la de 1992

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha adelantado un día al ser festivo este martes por el Día de la Constitución, Maroto ha anunciado la aprobación del anteproyecto para la futura Ley de Industria, que sustituirá a la actual, la cual data de 1992.

El nuevo articulado «aspira a situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI», ha añadido Maroto, que ha insistido en que la ley «refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica e industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios para mejorar la competitividad en la esfera internacional».

A finales de abril, el Ejecutivo abrió el proceso de consulta pública sobre una nueva Ley de Industria para recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas del sector, de cara a perfilar un texto que potenciase la autonomía industrial de España y contribuyese a un crecimiento más sostenible y digital.

Novedades

Según Industria, la nueva normativa introduce distintas novedades. En primer lugar, asegura que el texto favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con gran impacto en el empleo, pero también en territorios afectados por el reto demográfico, impulsando proyectos tractores y de interés general.

Asimismo, busca proteger las capacidades industriales y el empleo, y establece, para las empresas beneficiarias de ayudas públicas, la obligación de mantener su actividad productiva al menos durante cinco años si es una gran compañía, o durante tres años si es una pyme.

Del mismo modo, incorpora medidas para la protección y el impulso de la competitividad industrial, y reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía así como iniciativas de acompañamiento para facilitar su descarbonización.

El anteproyecto garantiza además una base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico, con el establecimiento de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Por otro lado, incluye «por primera vez» -ha recalcado Maroto- la ordenación de crisis industriales, donde se establece la obligación para las empresas en ciertas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad con un fuerte impacto traducido en pérdidas de puestos de trabajo.

Igualmente refuerza la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria, y recoge la elaboración de una Estrategia Española para el Impulso Industrial cada diez años, y una hoja de ruta, cada cinco años, del Plan Estatal de Impulso a la Industria.