España se enfrenta a sanciones por las irregularidades en la investigación de Angrois

El informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente de Angrois, en el que perdieron la vida 80 personas y más de un centenar resultaron heridas, no ha dejado indiferente a nadie. El Ministerio de Fomento no sale muy bien parado, de ahí que el BNG no haya dudado ni un segundo en pedir la dimisión de la ministra en funciones, Ana Pastor.

Pero las preocupaciones para el Gobierno pueden ir en aumento. La formación nacionalista, como adelantó su portavoz en Bruselas, Ana Miranda, estudia solicitar a la Comisión la apertura de un proceso de infracción contra España por las conclusiones del documento, al que ha tenido acceso este jueves junto a los responsables de la Plataforma Víctimas del Alvia 01455. «En eso vamos a estar los próximos meses», reconoció Miranda a Economía Digital. 

Los errores del CIAF

La Agencia Ferroviaria Europea entiende que existió un error de partida por el que la investigación no pudo ser independiente. La composición del equipo de investigación con cargos de Adif y Renfe y la asesoría independiente de Ineco vulnera las directivas europeas, que excluyen a las partes implicadas en el siniestro de la tarea de investigación, explica Bruselas. Que operen como asesores independientes no es una excusa, sino una «debilidad» del informe.

En Bruselas indican que el análisis de la CIAF, enfocado en el despiste del maquinista y en la causa directa del descarrilamiento, el exceso de velocidad» elude otros factores como el diseño de la línea o la infraestructura técnica, que se analizan de manera «insuficente».

Ocultación

La Agencia Ferroviaria Europea se refiere a estos puntos como «elementos clave», las causas que subyacen al exceso de velocidad que provocó el siniestro. Como muestra de que no se profundizó en la investigación, señala Bruselas que ni siquiera están identificadas qué ruedas descarrilaron primero.

A este reproche se añade la falta de información, «preguntas que no se respondieron», por parte de Renfe, Adif, Ineco y funcionarios del Ministerio de Fomento. Acaba recomendando que se realiza una nueva investigación con un órgano «que cumpla los requisitos de independencia» y que profundice en las debilidades detectadas en el actual informe. Es decir, que investigue el diseño de la línea, el tren o la infraestructura ferroviaria, entre otros elementos pasados por alto.

Nueva investigación

El Gobierno ha tratado por todos los medios de que el análisis encargado por la Comisión Europea a la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente de Angrois no se hiciese público. Tampoco tuvo interés en crear una comisión de investigación en el Congreso, que llegó a rechazar hasta en dos ocasiones, y una también el Parlamento gallego.

Pero ahora Bruselas le pone las cosas difíciles, ya que, ante la naturaleza «muy seria» del siniestro y a la vista de las «debilidades» relacionadas con la independencia de la investigación, aboga por abrir una nueva investigación en la que se garanticen todas estas cuestiones. También la solicitarán los miembros de la plataforma, que remitirán al juzgado el informe europeo tan pronto lo tengan traducido, indica Jesús Domínguez, su presidente.

Jornada de emociones

Tras conocer por fin el contenido del documento, los representantes de las víctimas y la portavoz del BNG -formación que llevó el tema ante las instituciones europeas- afirmaron estar «muy emocionados». Era una reacción lógica, apunta Miranda, porque «hay mucha gente que lleva tres años sufriendo a la que nadie dio una respuesta en el Estado español».

Ella, por su parte, se muestra satisfecha «de que el trabajo sirva para que no se vuelva a repetir, para que se vaya al fondo de las cosas, para que haya investigaciones independientes, para que se escuche a las víctimas cuando se produzcan accidentes de este tipo y, sobre todo, para que no nos tomen el pelo», sentencia.

Nueva reunión

Miranda, que solicitará una nueva reunión con los responsables de Seguridad Ferroviaria y de la Agencia de Seguridad Europea, reconce que le gustaría no tener que ir a Bruselas por esta cuestión. «Que tengamos que venir nosotros a Europa para que se nos dé una explicación neutral… Podríamos tener una comisión de rigor si fuésemos un estado democrático, pero, a la vista de este informe, estamos demostrando que no lo somos», lamenta.