El urbanismo amenaza con hacer saltar por los aires Ahora Madrid

La tensión se palpaba el pasado viernes en el Ayuntamiento de Madrid, en un Pleno convocado de manera extraordinaria –algo nada común– para simplemente aprobar un plan parcial, con el que una cooperativa pueda iniciar las obras sobre un solar adquirido hace un año al Ministerio de Defensa, junto al paseo de la Castellana, por el que los 355 socios pagaron casi 112 millones de euros.

El simple hecho de que un acuerdo como este se sometiera a un pleno extraordinario ya dejaba entrever, como se puso de manifiesto durante la sesión, que el consenso en este tema brillaba por su ausencia entre los concejales de la candidatura de Ahora Madrid.   

Salió que sí, pero pudo salir que no

Aunque la portavoz, Rita Maestre, trataba de desviar la atención, señalando que las divergencias entre los ediles deben ser algo normal en el debate político –a diferencia de lo que sucede en el resto de partidos, donde todo la disciplina de voto se impone–, lo cierto es que, precisamente por esa circunstancia, lo mismo que salió que sí, pudo haber salido que no.

Y hubiera dejado a los 355 cooperativistas con la propiedad de una parcela estupenda de 112 millones, con los antiguos cuarteles todavía en pie, pero sin la posibilidad de demolerlos para iniciar la construcción de sus pisos de lujo, por los que cada uno va a pagar cantidades de entre 260.000 y 520.000 euros que, sumados, llevarían el montante final de la operación hasta cerca de 200 millones de euros.

Pelotazo y responsabilidad

Al final, la propia Maestre resumía con tino lo acaecido. «Es una operación heredada del PP que tiene como origen el pelotazo urbanístico al que estábamos tan acostumbrados en los años anteriores. No nos gustaba la operación, pero también somos un gobierno responsable y tenemos que tomar decisiones y tratar de conciliar los derechos de los vecinos de Chamberí y de los cooperativistas del proyecto», explicaba.

Ella, como la alcaldesa Manuela Carmena, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y seis ediles más de Ahora Madrid, votaron a favor, junto al PP y Ciudadanos, pero otros seis concejales del grupo que sostiene a Carmena lo hicieron en contra, sumando sus votos a los 9 del grupo socialista encabezado por Antonio Miguel Carmona.

Valiente y Carmona disienten

Las divergencias vinieron de parte de las dos listas a las primarias de Ahora Madrid que, antes de las pasadas elecciones municipales, encabezaron Mauricio Valiente (tercer teniente de alcalde) y Pablo Carmona. Junto a ellos, votaron en contra de aprobar el plan parcial el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y las ediles Rommy Arce, Montserrat Galcerán y Yolanda Rodríguez.

En el fondo, lo que se pone encima de la mesa son las dos visiones que, desde el  principio de la legislatura, se aprecia en Ahora Madrid. O mantener los postulados radicales a capa y espada recogidos en el programa electoral o atemperarlos un tanto. Y en esas están.

Un programa que, respecto a este asunto, recogía la paralización de las operaciones urbanísticas especulativas, la revisión integral del espacio urbano y el reequilibrio territorial mediante la delimitación de áreas de oportunidad.

Calvo, templando gaitas

José Manuel Calvo, el responsable de Urbanismo, que venía de posiciones radicales es, quizás, el que más gaitas esté templando, dando una de cal y otra de arena. Una estrategia que está siguiendo con el espinoso asunto de la Operación Chamartín, y que, en esta ocasión, le obligó a erigirse en portavoz municipal de respaldo al proyecto de los cooperativistas.

Y es que en este asunto se contraponen, dijo Calvo, «las reivindicaciones justas con los derechos adquiridos o las expectativas de la cooperativa, que ha hecho una importante inversión en ese suelo». Y, por tanto, se trata de encajar esas dos realidades.

A juicio de los ediles díscolos,  no hubo encaje alguno y, en línea con lo que apuntaba la concejal socialista Mercedes González, lo único que se hace, como en tiempos del PP, es «consolidar el urbanismo a la carta», privilegiando los intereses de 355 cooperativistas sobre 3,2 millones de madrileños.