El techo al precio de los alimentos pone en pie de guerra a la agricultura y la pesca gallegas

El sector primario mueve ficha contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha rechazado la propuesta de la también ministra de Trabajo y Economía Social para poner un tope al precio de los alimentos básicos y ha pedido una rebaja del IVA del pescado para controlar los precios y hacer frente a la inflación.

«El Gobierno, lo que tendría que hacer si quiere ayudar realmente a los ciudadanos y al sector pesquero, es reducir el IVA del pescado y bajarlo al IVA súper reducido como existe en otros productos básicos y no afectar a la libertad de mercado y de competencia que existe en España», ha lamentado Garat.

El secretario general de Cepesca ha reclamado una mayor seguridad jurídica para sus empresas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados. Durante su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Garat ha invitado a los políticos a aprovechar la oportunidad que representa este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector «del que España puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea, y de una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos».

Garat también ha instado a los grupos políticos a mantener un espíritu «constructivo» y el máximo esfuerzo para consensuar el texto de la Ley, aceptando las propuestas de enmiendas planteadas por el sector pesquero representado por Cepesca.

El representante de Cepesca también ha alertado de que la propuesta, en su versión actual, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras al no explicitarse que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente.

En paralelo, Garat ha llamado también la atención sobre el hecho de que el sector lleva dos décadas regido por un reparto concreto (Ley de Pesca de 2001) que ha definido la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, familiares mayoritariamente, y que no respetarlo supondría un escenario «inestable» que atentaría contra la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Además, a su juicio, se modificaría la solvencia de los armadores y se dificultaría su acceso al crédito.

Los agricultores también estallan contra el Gobierno

Además del sector pesquero, los agricultores gallegos también han expresado su oposición a la intentona del Gobierno por limitar el precio de los alimentos. La Asociación Agraria de Galicia ha avisado de que «la solución al aumento de los precios nunca puede pasar por ponerles un tope máximo». «¿Que sería lo próximo? ¿La cartilla de racionamiento?», se pregunta este grupo de agricultores gallegos.

A su juicio, «el agricultor y el ganadero son los primeros y más importantes eslabones de la cadena agroalimentaria» y reprueba que esto «parece no importarle lo más mínimo ni a la vicepresidenta Yolanda Díaz ni al ministro Alberto Garzón«. «Bajo la excusa de que la cesta de la compra ha subido, y ante su inoperancia para tomar medidas efectivas para mejorar la situación, lo único que se les ocurre es proponer un precio máximo de venta al consumidor de determinados productos esenciales», critican.

A su juicio, «poner un tope a los precios, además de ser a todas luces ilegal en la UE, nos llevaría irremediablemente al cierre de miles de explotaciones, al desabastecimiento, al mercado negro, al racionamiento y, en definitiva, al sálvese quien pueda para no pasar hambre». «No hay más que ver lo que pasa en los países comunistas tan admirados por estos nefastos gobernantes», apostillan.

En este sentido, puntualizan que «lo que debería preocupar y ocupar al Gobierno es cómo se cumplen las leyes que ellos mismos promulgan», en referencia a la ley de la cadena agroalimentaria. En su comunicado concluyen alertando de que «corren malos tiempos para todos, pero la mejor solución sigue siendo el mercado y la ley de la oferta y de la demanda». «Eso sí, con reglas y con mecanismos de control legales que eviten abusos desde el productor hasta el consumidor», finalizan.