El Supremo noquea a la Generalitat de Cataluña con la última sentencia de ATLL
Los servicios jurídicos públicos estudian cuál es el siguiente paso que pueden dar ante el varapalo que el Alto Tribunal les propicia en su resolución
«La Generalitat está estudiando la resolución». Poco más que añadir. Los portavoces del gobierno catalán intentan minimizar el impacto de la última resolución del Tribunal Supremo sobre la adjudicación más polémica de la presidencia de Artur Mas: la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.
También fue la que alcanzó mayores cifras. Borró de un plumazo 995.506.100 millones de déficit e inyectó 298.651.830 en las maltrechas arcas catalanas en 2012. De hecho, salvó el ejercicio. Pero se firmó con prisas y sin esperar el visto bueno del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que en ese momento era un organismo más pequeño denominado Oarcc. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo considera que esto hace el Govern único responsable de la situación y las consecuencias actuales de la guerra del agua.
No hay interés público en mantener a Acciona en ATLL
El Alto Tribunal no se limita a rechazar el recurso de casación mediante el cual el Ejecutivo de Mas intenta evitar la aplicación de las medidas cautelares que el Oarcc dictó el 2 de enero de 2013 y le obligaban a resolver el contrato. Le señala como culpable por no esperar la decisión del órgano que la Unión Europea diseñó para velar por la pulcritud en las concesiones públicas –o no valorar correctamente el impacto de sus resoluciones, indican fuentes del entorno del Govern– y desmontan a lo largo de 73 páginas cada uno de los argumentos que ha puesto sobre la mesa en los últimos dos años Mas y los dos consejeros responsables del contrato, el de Economia, Andreu Mas-Colell, y el de Territori i Sostenibilidad, Santi Vila.
La resolución, a la que ha tenido acceso Economía Digital, deja claro que el supuesto interés público del contrato de ATLL con Acciona no es un argumento con suficiente entidad para hacer oídos sordos a la interposición de unas medidas cautelares como las que interpuso el tribunal del sector público.
Las medidas cautelares del Oarcc
Este, obligaba a la Generalitat a «evitar el acuerdo de adjudicación a favor de la agrupación licitadora liderada por Acciona»; a «dejar sin efecto la formalización del contrato»; a «mantener a ATLL en la gestión» como empresa pública; a «evitar que la agrupación licitadora liderada por Acciona» tomara «posesión de las instalaciones y del servicio público»; y a «dictar un nuevo acuerdo de adjudicación del contrato a favor de la agrupación liderada por Agbar», el otro ofertante.
El Ejecutivo catalán ha insistido en que, precisamente, es el interés público de la concesión lo que exige que el contrato firmado «se mantenga en todos sus términos hasta poder disponer de una sentencia» que se pronuncie sobre el fondo de la polémica: si la oferta de Acciona se debe excluir de la licitación por no cumplir con el calendario de obras.
El Supremo es claro en este punto: «Desde la perspectiva de una medida cautelar de suspensión el interés público en la ejecución de un contrato anulado no puede considerarse un interés jurídicamente protegible».
El periplo judicial
El calendario es básico para justificar la crudeza de los argumentos que usa el alto tribunal. La consejería de Territori i Sostenibilitat, liderada aquel momento por Lluis Recoder, hoy abogado en la consultora KPMG, firmó el contrato con Acciona el 27 de diciembre de 2012. El Govern estaba en funciones en ese momento, por eso lo rubricó el secretario general del departamento, Pau Villòria. El primer varapalo que encajó el Ejecutivo, el que le obligaba a ejecutar la adjudicación, se publicó el 2 de enero de 2013.
Desde ese momento hasta ahora, Artur Mas ha pasado de las reclamaciones de que cumpla con las decisiones judiciales y resuelva la adjudicación. Se lo ha dicho la Oarcc, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Supremo. En varias ocasiones. La justicia catalana dio la razón al tribunal de contratación pública el 26 de marzo de 2013 y desestimó el recurso de reposición presentado por la Generalitat el 16 de julio del mismo ejercicio.
La justicia sube el tono de su argumentación
El Govern llamó en ese momento a la puerta del Supremo. El primer recurso de casación se presentó el 6 de septiembre de 2013. No se admitió a trámite hasta el 14 de enero de 2014, aunque la sentencia llegaría hasta 10 meses más tarde. El Alto Tribunal ha tardado menos en ratificarla: el primer fallo llegó el 22 de octubre y el rechazo del recurso es un documento fechado a 5 de noviembre.
A lo largo de este periplo judicial las valoraciones de los magistrados han ido subiendo de tono. Ahora ya no dejan más margen de maniobra y pasan toda la presión al Ejecutivo de Artur Mas, que sigue aferrado su guión. La consejería de Territori afirmó este miércoles, poco después de conocerse la desestimación del recurso, que la nueva resolución «no cambia nada».
Posible ilegalidad del Govern
En ella, los magistrados abren la puerta a un camino pantanoso para el Govern: la ilegalidad de sus acciones al no resolver una adjudicación a pesar de los requerimientos judiciales existentes. Cuando el Govern hace referencia a los posibles perjuicios a los trabajadores al ejecutar el contrato, los magistrados indican que este argumento «no tiene entidad suficiente para poder justificar, para evitarlo, la ejecución del contrato anulado, sin esperar a la resolución judicial; lo que supondría legitimar la situación de ilegalidad imputable de partida a la Administración».
El Supremo avisa. Por el momento, la Generalitat no responde.
