El Supremo admite el recurso de los pescadores contra el plan del Gobierno para la eólica marina
La sala de lo contencioso admite a trámite el recurso presentado por la agrupación de cofradías Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos contra el plan de desarrollo de la eólica marina del Gobierno
Los pescadores abren la vía judicial contra la eólica marina. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marino, que agrupa a cofradías del noroeste peninsular. La diligencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo, con fecha del pasado tres de mayo, abre la vía judicial al conflicto que abrió la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), la hoja de ruta para la instalación de los parques offshore en la costa española.
Esta ordenación establece cuatro zonas para el desarrollo de la eólica marina en la costa gallega que suman más de 2.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 43% de la superficie reservada en todo el Estado. La aprobación generó una fuerte contestación por parte del sector pesquero, con varias movilizaciones en Galicia en protesta contra el impacto que tendrán los parques en su actividad.
Enfrentamiento con Teresa Ribera
Este temor se ha traducido en la acción judicial que acaba de admitir a trámite el Supremo. La plataforma que presentó el recurso pidió la dimisión de la ministra Teresa Ribera el pasado marzo, petición a la que se sumaron también los armadores. El asesor jurídico de la Federación Nacional de Cofradías y portavoz de la Plataforma, Torcuato Teixeira, aseguró en la comparecencia que el Gobierno «declaró una guerra al sector pesquero y a los ecosistemas marinos, a toda la sociedad y a los intereses generales». «La vía que dejamos muy clara es que se tienen que retirar los POEM y tiene que dimitir la persona que hizo esta declaración de guerra que es la ministra», aseveró.
Entonces se encargó al Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña un informe jurídico para saber si el Real Decreto incumple normas de carácter estatal o internacional que posibilitaran su impugnación.