El rescate de la Xunta apenas cubre el 3% de los ingresos que perdió la hostelería
La Xunta moviliza 75 millones más en el rescate de la hostelería, a la que ha dedicado un 1,4% de su presupuesto; sin embargo, el sector se dejó más de 2.300 millones de ingresos en la pandemia
O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, e a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, reuniranse co presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, e con representantes das deputacións provinciais para abordar o plan de axudas para o sector da hostalería. No Palacio de Congresos e de Exposicións de Galicia / Xoán crespo
Pasado casi un mes desde el cierre total de la hostelería, la Xunta comienza este vienes a recibir las solicitudes de ayudas de su segundo plan de rescate. Es una partida genérica de 60 millones destinada a autónomos y microempresas, a la que se sumará la próxima semana otra de 15 millones destinada específicamente a los establecimientos hosteleros y a otros negocios cerrados, como los gimnasios.
El rescate aliviará parcialmente la situación de muchos negocios –hasta 19.000 locales de restauración contabilizaba en Galicia el anuario de Hostelería de España en 2018– a los que apenas les queda para pagar las facturas, pero es poco más que un parche frente al impacto económico provocado por las restricciones. En 2019, antes de la pandemia, la hostelería facturó en Galicia algo más de 5.000 millones. Según los datos de la patronal española, entre enero y septiembre del año pasado perdió un 45,7% de su negocio, lo que equivaldría a una caída de 2.300 millones.
Los 75 millones consignados por la Xunta son solamente el 3,26% de los ingresos perdidos a causa del Covid-19. Si se añade el primer plan de rescate del Gobierno gallego, de 86 millones, se alcanzarían los 160 millones en ayudas, equivalente a un 1,4% del presupuesto de la Xunta. Aun asumiendo que todo el importe acabara en manos de hosteleros, solo cubriría el 7% de los ingresos perdidos.
Por tanto, el impacto es importante en las cuentas públicas y significativo para los negocios pues, con los establecimientos cerrados y sin necesidad de suministro, los gastos descienden drásticamente. Sin embargo, apenas tiene importancia en comparación con el impacto económico del cese de actividad –que afecta también a los proveedores– en una comunidad que presume de estar por debajo de la media en cuanto a la incidencia del coronavirus, pero que está aplicando algunas de las restricciones más duras de todo el Estado.
Galicia: más bares y más restricciones
Para mayor desgracia, el sector tiene en Galicia algunas particularidades que hacen más lesivas las medidas confinatorias que en otras comunidades. Por un lado, hay una mayor densidad de establecimientos. Tomando como referencia los datos de Hostelería de España y cruzándolos con el censo poblacional, en la comunidad gallega hay un bar o local de restauración por cada 141 habitantes, mientras que la media española se situaría en un establecimiento por cada 170 habitantes.
Por otro lado, la dependencia del turismo, salvo en algunas zonas, es menor que en otros territorios, lo que hace que la demanda sea menos estacional. Los ingresos dependen más de la más estable demanda interna. Debido a esto, en Galicia es más relevante subir la persiana todos los días que «salvar la Navidad» o la Semana Santa, aunque en ese periodo aumente el consumo.
Esto explica que la pérdida de facturación más elevada del sector entre enero y septiembre del año pasado sea en Baleares (-71,2%) y Canarias (-56,5%). Le siguen Cataluña, con un 50,9% menos de ingresos; y Madrid, con una caída del 50%. Galicia, en cambio, experimentó un retroceso del 45,7%, por debajo de la media española del 50,3%, según los datos de la patronal. Hay que tener en cuenta que no miden todavía el impacto de las restricciones de noviembre ni el cierre de los negocios que está vigente desde hace un mes.
La ofensiva judicial continúa
Este jueves trascendió la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que rechaza, como pedía la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, suspender de manera cautelar el cierre de los locales. Es solamente uno de los múltiples recursos que ha presentado el sector contra las restricciones que les impiden abrir sus negocios, ya que asociaciones como la de Pontevedra también manifestó su intención de acudir a los tribunales.
Una de las demandas más llamativas es la que está asesorando el despacho Cremades & Calvo Sotelo y que pide directamente al Estado que compense a los establecimientos con un 65 % de la facturación media que tuvieron entre 2017 y 2019. Por el momento, han presentado un centenar de reclamaciones ante el Ministerio de Industria para iniciar el procedimiento en vía administrativa. El despacho tiene intención de ir presentando estas reclamaciones ante Industria en lotes de 100, hasta sumar las 2.000, para que, en caso de la previsible negativa del Gobierno, continuar el procedimiento hasta llegar al Tribunal Supremo.
