''El PP y el PSOE practican con la Justicia un juego bastardo de dominio del poder''

Democracia. Constitución. Poco más, o todo eso, que es mucho, es lo que pide la mayor parte del colectivo de jueces en España. El juez Jesús Villegas (Madrid, 1969) lo conoce bien. Ocupa el puesto de magistrado instructor en Guadalajara, partido judicial del que es decano. Y espera que el próximo Gobierno, el que se constituya a partir de las elecciones del próximo domingo, aborde la reforma de la Administración de Justicia, porque lo que tiene claro es que «el actual Consejo General del Poder Judicial está en fase terminal».

Villegas ataca duramante a los dos partidos que se han repartido el Ejecutivo desde la transición: «El PP y el PSOE practican con la Justicia un juego bastardo de dominio del poder», asegura, en una entrevista con Economía Digital.

El refugio de la derecha

Jesús Villegas acaba de publicar El poder amordazado (Península) en el que detalla cómo el poder político «ha acabado» con el diseño constitucional. En un momento en el que los partidos emergentes, como Podemos y Ciudadanos plantean serias reformas de las instituciones, con una reforma de la Constitución –también el PSOE la reclama– Villegas recuerda que de lo que se trata es de volver a los principios que marcó la Constitución de 1978.

Y es que fue en 1985 cuando el PSOE modifició la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos a propuesta de los grupos parlamentarios en el Congreso, con la idea de que los jueces eran el refugio al que se acogía la derecha para parar la legislación del Gobierno.

La decisión del PP

«Lo que ha ocurrido es que algunos partidos, además, han mentido. Entiendo que se puede realizar una promesa electoral, como el control de la inflación, por ejemplo, y que luego no sea posible, por circunstancias económicas, pero el PP llevaba en su programa la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, de acuerdo a la Constitución, doce de sus veinte miembros fueran elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y no lo ha hecho, sencillamente porque no ha querido, teniendo mayoría absoluta», afirma Villegas.

A la pregunta de si ahora con la irrupción de Podemos y Ciudadanos eso podría cambiar, Villegas sostiene que «por puro egoísmo, entiendo que se modificará, porque ni al PP ni al PSOE le puede interesar que el poder judicial quede en manos de un determinado bloque político».

La quinta columna de los jueces

Lo que explica Villegas es que el CGPJ lo acaba controlando todo, «con palos y zanahorias» sobre el colectivo de jueces. En sus manos están los ascensos y las penalizaciones, y las designaciones de los presidentes de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía. El poder es enorme, y «ha contado con una quinta columna de jueces, a favor de los políticos, que se han prestado a ese juego, que, aunque es comprensible por el factor humano, ha roto el equilibrio de poderes del Estado».

El argumento de Villegas es diáfano: «Los grupos parlamentarios eligen a los jueces vocales del CGPJ, unos diputados que dependen del núcleo de dirección de los partidos, que recae en muy pocas personas, o, básicamente, en los principales líderes».

Villegas no se esconde. Por su libro pasan muchos jueces: Alaya, Garzón, Ruz, Tirado, Frago, Estevill, Lesmes, Velasco, Ruiz de Lara, Manzano o Elpidio José Silva.

El caso de Elpidio José Silva

Sobre este último, como juez instructor, que mandó a prisión provisional a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, Villegas ofrece una reflexión necesaria que explica toda la arquitectura judicial en España. «Los jueces tienen libertad para interpretar la ley, pero no pueden actuar con criterios ideológicos que les lleve a ser, precisamente, injustos. Y Silva fue juez y parte», asegura Villegas, que rechaza que los jueces deban identificarse ideológicamente, «lo que ha pervertido a las asociaciones de jueces, de color rojo o azul», en alusión a Jueces por la Democracia, y a la Asociación Profesional de la Magistratura.

Villegas explica que Silva fue condenado por la reapertura de la causa contra Blesa, pero también por «lo más importante, la pérdida de imparcialidad». Y que la sentencia condenó a Silva «principalmente» por haberse «reunido a solas en su despacho con una de las partes», el sindicato querellante (Manos Límpias), para planificar la estrategia contra los imputados, «es decir, por abandonar la neutralidad».

La pregunta a Rajoy

¿Qué le diría Villegas a Mariano Rajoy? En el debate entre los cuatro principales candidatos, del pasado lunes, Rajoy se molestó por la pregunta de Albert Rivera sobre la reforma en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. «¿Son peores esos jueces elegidos por el Congreso?», le espetó Rajoy. Villegas responde: «Yo lo que le preguntaría a Rajoy es si quiere ser juzgado, o algún familiar, por un juez que ha sido designado por un partido político».

El PP se comprometió a cambiar el sistema en su programa electoral de 2011. Obtuvo mayoría absoluta, pero el ministro Alberto Ruiz Gallardón se desdijo de sus promesas. ¿Por qué? Villegas tiene una respuesta. José Carlos Dívar, que fue presidente del CGPJ y del Tribual Supremo, acabó dimitiendo por un supuesto uso indebido de fondos públicos en junio de 2012.

Previamente, el ministro quiso ayudarle. Y llamó, según Jesús Villegas, al presidente de la APM, Jesús Chamorro –asociación cercana al PP– para que los vocales del CGPJ le sostuvieran como presidente. Chamorro se negó, «de forma sorprendente», pero es que el «escándalo» fue enorme. ¿Qué ocurrió? Que Gallardón «cortó cualquier relación con la asociación conservadora, y se desdijo de sus promesas electorales sobre el nuevo sistema de elección, recogiendo los principios de la Constitución».

Las ‘mentiras’ de Gallardón

Lo que vino posteriormente mostró la ligazón de los «políticos togados», como los llama Villegas, en alusión a los jueces que se han dejado politizar, con el poder. Gallardón promovió una modificación de la Ley Orgánica, pero a su manera. «Según la reforma, las cámaras parlamentarias votarían como miembros judiciales sólo a aquellos que previamente se hubieran postulado a sí mismos para cubrir las vocalías vacantes».

Según Villegas, «era una sutil trampa psicológica, pues invitaba a los propios jueces a colaborar con el sistema, impulsando un procedimiento que, aunque de cara a la galería partiese de la iniciativa de los jueces, en realidad estaba ideológicamente controlado desde su origen». Y lo que hubo «fueron llamadas desde ciertos despachos de políticos muy bien situados para preseleccionar adeptos».

Villegas también cuenta cómo Carlos Lesmes, actual presidente del CGPJ, había estado colaborando en una comisión para redactar el texto de la futura LOPJ. Tras el caso Dívar, la comisión cambió su anterior pronunciamiento, y en defensa de esa nueva articulación volvía a estar Lesmes. «Si era difícil digerir que el ministro mintiese, que más tarde se encumbrara hasta la cima del poder judicial a una persona que había cambiado su criterio al son de los dictados políticos resultaba inasimilable. Era demasiado», sentencia Villegas.

Un juez, un voto

El juez, que ha removido las conciencias con su libro, «con una muy buena respuesta del colectivo de jueces», tiene claro que los excesos llegan desde todas las direcciones. Y se pregunta cómo Margarita Robles podrá volver a la profesión tras ser ahora número dos del PSOE por Madrid en las elecciones generales. «Lo peor que puede pasar es que se mine la confianza en la justicia, y esas prácticas no ayudan nada», asegura.

Ahora todo queda en manos del próximo Gobierno, de la capacidad para modificar, de nuevo, la LOPJ, una prioridad absoluta para partidos como Ciudadanos, y, oficialmente, para el resto de fuerzas políticas. Lo que piden los jueces «es sencillo, es democracia, un juez, un voto», insiste Villegas, con la idea de que el colectivo pueda elegir «parte» de los vocales del CGPJ, el órgano clave de todo el sistema.