El plan de la Xunta para la costa incluye recuperar cientos de edificios para hoteles
La Xunta de Galicia identifica 300 edificaciones de objeto histórico susceptibles de destinarse a actividades "estratégicas" como las hoteleras
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en el pleno del Parlamento gallego / Europa Press
La Xunta prepara el terreno para la futura ley gallega para «regular la franja litoral desde Galicia». El anteproyecto de esta norma ha sido analizado en la reunión semanal del Ejecutivo autonómico y sus detalles los han explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en una comparecencia posterior en la que han ratificado que, una vez se apruebe esta ley, Galicia se convertirá en la primera comunidad en regular su franja costera.
El anteproyecto nace con la idea de, según la Xunta de Galicia, «dar seguridad jurídica» a los titulares de instalaciones que «lícitamente» ya están en dominio público marítimo terrestre. Lo hará con la esperanza, ha recalcado Rueda, de frenar decisiones estatales que solo aportan «inseguridad jurídica», toda vez que el Gobierno mantiene por el momento la negativa a transferir a la Xunta la competencia de costas. Y también con novedades para la gestión del litoral autonómico ya que, entre otras cuestiones, el Ejecutivo gallego prevé la posibilidad de recuperar edificaciones «preexistentes», pero a veces abandonadas, puedan tener «una nueva vida».
La conselleira ha concretado a que la Xunta tiene catalogadas unas 300 edificaciones «preexistentes» que pueden ser objeto de interés histórico o de recuperación, siempre que se destinen a algunas de las actividades que el Ejecutivo autonómico considera «estratégicas», como puede ser el caso de establecimientos de turismo litoral, tales como hoteles.
«Una segunda vida»
«No tiene sentido que tengamos unas instalaciones fantásticas en las que, ahora mismo, por distintas causas, su actividad ya no se está llevando a cabo. La intención es darles una segunda vida, y eso supone en muchos de los casos destinarlas al ámbito hotelero», ha explicado.
En este sentido, Vázquez ha afeado la falta de concreción del Gobierno en relación a las actividades económicas que ahora se practican en el litoral y le ha atribuido la intención de que este quede en 2045 «totalmente libre», mientras que ha esgrimido el deseo de la Xunta de regular las acciones permitidas y dar seguridad a quienes están ya instalados de forma «lícita» en el litoral.
La norma contempla una serie de actividades «estratégicas» permisibles que van desde los establecimientos de la cadena mar-industria a las actividades que presten servicios vinculados a la interacción puerto-ciudad, pasando por las las dotaciones públicas esenciales para el abastecimiento y el saneamiento de aguas residuales, así como las infraestructuras energéticas de electricidad y gas que suministren a las actividades ubicadas en el dominio público marítimo terrestre.
La conselleira también ha precisado que se recogerán también en el anteproyecto aquellas instalaciones que tengan que ocupar el mar (como los parques eólicos marinos) y las actividades e instalaciones de servicio público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan situarse en los terrenos colindantes.
Según ha explicado la conselleira, será una ley «realista, razonable y adaptada» a la realidad gallega, que regulará la zona terrestre e intermareal, y también la marina hasta las 12 millas.
Críticas al Gobierno
En clave política, los representantes de la Xunta han defendido que no debería haber un conflicto de competencias por parte del Gobierno en relación a una ley que, ha sostenido la conselleira, «no va contra nadie», sino que es «de los gallegos y para los gallegos». Previamente, tanto Ángeles Vázquez como el presidente se habían quejado de la negativa a transferir la competencia de costas que demanda Galicia.
Y es que tras la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que había mantenido en julio, Rueda trasladó que había recibido un «no rotundo» del mandatario estatal a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral. Pero aún así dejó en La Moncloa el informe del Consello Consultivo que «avala» tal cesión sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, como anima a hacer el Ejecutivo estatal para que –sostiene– se pueda proceder al traspaso.
Este mismo jueves Rueda se ha reafirmado que no hay «respuesta» y ha indicado que, por su parte, la Xunta no se ha quedado quieta y ha elaborado una ley propia para el litoral, que buscarán que sea «muy participada y transparente».
Por este motivo, una vez superado el periodo de exposición pública y el resto de trámites previo a su remisión a la Cámara autonómica, el objetivo es que la norma quede aprobada y entre en vigor el próximo año 2023.
