El pacto BNG-PSOE mira a Alcoa y Endesa y pasa de largo por Navantia

El acuerdo entre ambos partidos para 'atar' la investidura de Sánchez articula medidas para la industria electrointensiva y pasa de puntillas por el naval

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Pedro Sánchez allana su camino hacia La Moncloa gracias a su acuerdo con el BNG. Buena parte del documento firmado entre el PSOE y los nacionalistas gallegos gira en torno a la AP-9 (sobre la que se acuerda su transferencia a Galicia, bonificaciones a usuarios habituales y menos subidas de peajes), pero también hay espacio para las recetas con las que perseguirán solucionar la crisis industrial que padece la comunidad.

Las medidas acordadas por PSOE y BNG para ayudar a empresas en dificultades se mueven desde la concreción en cómo abaratar su recibo de la luz a las buenas intenciones, pero sin propuestas concretas, a la hora de socorrer a los astilleros gallegos en crisis: Barreras (en preconcurso de acreedores), Vulcano (en liquidación y a la espera de comprador) y Navantia (casi paralizada en Ferrol a la espera de iniciar las fragatas F-110 de la Armada en 2022).

El estatuto para las electrointensivas

El acuerdo entre las formaciones capitaneadas por Pedro Sánchez y Ana Pontón marca la cuenta atrás para el Estatuto de la Industria Electrointensiva. La medida, un salvavidas para la industria que fue prometido para antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril pero de la que nada se ha vuelto a saber desde entonces, regresa ahora a escena. Debe ser aprobada “con la máxima urgencia”, según se recoge en el documento, en el que trazan sus líneas rojas. Deberá “liberar la factura de cargos que no tengan relación directa con el funcionamiento del sistema eléctrico y que, en cualquier caso, no serán imputados a la tarifa eléctrica que pagan el resto de los consumidores.

El pacto entre BNG y PSOE también aboga porque la industria electrointensiva (de la que forman parte Alcoa, Ferroatlántica o Celsa Atlántic) tenga “la máxima compensación permitida por la UE por costes de emisiones indirectas de CO2”. El objetivo es facilitar que la industria gallega pueda “competir con industrias similares instaladas en otros lugares del mundo donde no se limitan” estas emisiones, que obligan a comprar unos derechos de para poder expulsar estos gases a la atmósfera y cuya cotización se ha disparado y ha dado la puntilla a la planta de Endesa en As Pontes.

Las medidas para As Pontes y Meirama

El acuerdo no contiene medidas para evitar el cierre de la central térmica, pero sí recoge diferentes propuestas para edulcorar su impacto. En concreto, en el documento se aboga por incluir a Galicia en el Plan de Acción Urgente para Países del Carbón y Centrales Cerradas 2019-21 “bajo las mismas condiciones y derechos que Aragón, Asturias y Castilla y León”. Además, urge a mantener reuniones de trabajo con el objetivo de que antes del mes de junio se especifiquen “las acciones a realizar y las asignaciones presupuestarias” para los proyectos e “inversones que puedan generar mejores réditos para el mantenimiento de actividad y empleo”.

En este sentido también se contempla la creación de un “comité de supervisión ministerial-sindical para el periodo 2019-2050, así como la inclusión de Galicia en la Plataforma Europea para las Regiones Mineras en Transición, de la que ya forman parte otras comunidades afectadas por esta reconversión, como es el caso de Aragón, Asturias y Castilla y León.

De puntillas por el naval

Entre los nombres propios que figuran en el documento firmado por el BNG y el PSOE figuran tres empresas del sector naval en dificultades (Navantia, Vulcano y Barreras), aunque sin medidas concretas. La formación encabezada por Ana Pontón, que este otoño reclamó a la Xunta la nacionalización de los dos astilleros de la ría de Vigo, rebaja ahora sus pretensiones.

“Se prestará una especial atención a la industria naval, que articula la producción de riqueza y empleo en las áreas de Vigo y de Ferrol, recuperando la actividad de Barreras y Vulcano, y convirtiendo a Navantia en un complejo industrial integral que apoye su actividad en la construcción naval civil”, figura en el documento, en el que se aboga porque sea esta rama ahora liderada la eólica marina de Fene sea la punta de lanza de la empresa pública en detrimento de la construcción militar (en la que se enmarcan las cinco fragatas F-110 por las que aguarda su astillero de Ferrol).

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