El nuevo ‘paripé del Parlament: tramita una ley electoral imposible
El PSC es necesario para que salga adelante, pero CiU y ERC rechazan su propuesta para que Cataluña sea una circunscripción única
Un nuevo ‘paripé’ en el Parlament. La cámara catalana ha tramitado este miércoles la nueva ley electoral de Cataluña –es la única comunidad que desde 1980 no ha sido capaz de sacar adelante una ley propia– al rechazar las enmiendas a la totalidad de Ciutadans, PSC, PP e ICV-EUiA. La suma de los votos de CiU con ERC han logrado que la nueva ley siga adelante, para que se tramite ahora en una comisión el texto, con la incorporación de los cambios que se consideren.
En el mes de julio, en los plenos que deben servir para sacar adelante toda la legislación pendiente antes de las elecciones del 27 de julio, el texto se someterá a la aprobación final.
Y todos los grupos saben que no saldrá adelante. La ley exige que se apruebe por tres quintas partes del Parlament, y para ello los 19 escaños del PSC son vitales. No habrá una ley electoral catalana.
El área metropolitana, con menos poder
Pero la mayoría formada por CiU y ERC, con el apoyo titubeante de ICV-EUiA, como ha ocurrido en toda la legislatura respecto al llamado derecho a decidir, quiere reflejar que es el PSC el que imposibilitará una demanda de todos los grupos desde hace años.
Los socialistas reclaman que Cataluña sea una circunscripción única, y que el voto de las comarcas más rurales no esté dimensionado, como ocurre ahora. A ese texto, le han dado su apoyo el PP, ICV-EUiA y Ciutadans. El PP también había presentado una propuesta propia, similar, y ha logrado el apoyo del PSC y de Ciutadans.
Los ecosocialistas también se han visto respaldados por el PSC, el PP y Ciutadans. Este último grupo sólo ha recibido el apoyo de sus propios diputados, mientras que la CUP se ha abstenido.
ICV y PSC, los más perjudicados
La ley electoral incorpora diversas medidas, como la Autoridad Electoral Catalana, para dejar de regirse por la Junta Electoral Central. También que la propaganda electoral se centralice y se envíe en un solo sobre a los ciudadanos. Pero una ley electoral es, principalmente, un instrumento para transformar votos en diputados. Y en eso no se alcanzan los 90 diputados exigidos.
En la discusión en la cámara catalana, ha sido el diputado del PSC, Celestino Corbacho, quien ha explicado con mayor crudeza el problema. A su juicio, CiU no ha querido nunca aprobar una nueva ley, porque ya le iba bien acogerse a la legislación del Gobierno central, según la cual los nacionalistas se han beneficiado con una «sobrerrepresentación» de 34 diputados.
Respecto al PSC, la ley les ha privado de unos cinco diputados, mientras que el más perjudicado habría sido ICV, con 14 escaños menos. ERC sólo se habría visto beneficiado por un diputado. Es decir, la mayoría de la población catalana vive en Barcelona y en el área metropolitana, y en las distintas coronas de la capital.
El ejemplo del País Vasco
Pero las comarcas de Lleida, Girona y Tarragona se han visto primadas con el objeto de que el Parlament también represente a la globalidad del territorio. Un ejemplo de ello lo ofrece la ley electoral del País Vasco, donde las tres provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álaba pesan lo mismo y se ven representadas por 25 diputados cada una, aunque Vizcaya es la más poblada con diferencia.
Corbacho ha sido contundente: «¿Cómo quieren hacer unas elecciones plebiscitarias si al margen de las cuestiones jurídicas conculcan la igualdad de voto?», ha asegurado, con la idea de alcanzar esa circunscripción única.
¿Una nueva ley a pocas semanas de las elecciones?
Esa idea ha sido defendida tanto por el PP, como por ICV, aunque su diputado, Jaume Bosch, ha incidido en que no se puede despreciar el voto de los catalanes de fuera del área metropolitana.
La cuestión es que no habrá ley. Pero CiU y ERC necesitan tramitarla hasta el último momento en el Parlament para dejar constancia de que son los socialistas los que no la quieren.
Y, en todo caso, sería una ley precipitada, porque si se aprueba en julio, en unas pocas semanas, –las elecciones serían el 27 de septiembre– los catalanes deberían familiarizarse con un cambio en la representación política que precisa de tiempo y pedagogía.
