El mundo económico y financiero quiere la ‘sociovergencia’

La sociovergencia, una alianza acariciada por el mundo empresarial desde hace años, podría, finalmente, hacerse realidad, aunque las circunstancias han cambiado mucho.

Si el peligro entonces, antes de los gobiernos tripartitos, era que el acuerdo entre las dos fuerzas políticas ahogaría la oposición, por su número de escaños, ahora la debilidad númerica del Partit dels Socialistes (PSC) le convierte en un socio posible y atractivo a los ojos de Convergència i Unió (CiU). Y puede ser, al mismo tiempo, una oportunidad para los socialistas de rehacer su proyecto desde la corresponsabilidad política.

Salir de la crisis

Las patronales, los círculos empresariales y financieros consideran que no hay, en realidad, más salidas para tratar de garantizar la gobernabilidad de la Generalitat. Las dos fuerzas políticas podrían acordar una serie de puntos sustanciales para salir conjuntamente de la crisis, dejando de lado toda la deriva soberanista y el referéndum de autodeterminación que Artur Mas (CiU) se comprometió a convocar en la próxima legislatura.

De hecho, quien ha abierto la posibilidad, de forma diáfana, es el propio secretario general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, tras asegurar que hay que gestionar el día a día. “Si el país no es gobernable, el derecho a decidir estará en el congelador durante mucho tiempo”, ha asegurado en TV3.

Asegurar la gobernabilidad

Las patronales, Foment, Pimec y Cecot analizarán estos días los resultados. Durante la campaña electoral han defendido una máxima, el silencio y el respeto por todas las fuerzas políticas, hasta conocer los resultados, como no podía ser de otra manera. Pero ahora deberán posicionarse.

La prioridad es que “se asegure la gobernabilidad” y eso pasa por Esquerra (ERC) o PSC, porque el Partido Popular (PP) ya ha dejado claro que no piensa facilitar ningún acuerdo con CiU.

Y, en esa tesitura, el mundo empresarial no lo duda. La presencia de ERC causa irritación, aunque se valora la figura de Oriol Junqueras por su buena campaña electoral. El objetivo es el PSC, para que establezca, junto a CiU, un programa político y económico sólido, que recupere, de nuevo, la confianza.

Modular el discurso

Los empresarios lo que querían, realmente, era una «mayoría absoluta» de CiU, para que Artur Mas pudiera modular su poder político y negociar de tú a tú con el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero rota esa posibilidad, la alternativa es un acuerdo entre CiU y PSC.

La patronal Cecot, formada por pequeñas y medianas empresas, y que preside Antoni Abad, tiene claro que hará falta un consenso amplio, y «el coliderazgo» entre partidos políticos y el tejido empresarial, para hacer de Catalunya «un país altamente competitivo y socialmente cohesionado», algo que se considera complementario.

Para Cecot, el PSC, por su cultura de gobierno puede ser un socio necesario para CiU, aunque también se valora la predisposición que Junqueras ha mostrado durante la campaña electoral para trabajar conjuntamente con el mundo empresarial. «Las batallas políticas se acabaron el 25N por la noche», se asegura desde la patronal que dirige Antoni Abad, incidiendo en el papel que podría tener el PSC.

Las entidades financieras, a por la ‘sociovergencia’

En los círculos financieros esa preferencia es todavía mayor. La Caixa y Banc Sabadell han recibido en algunas de sus oficinas cartas de clientes que piden el pronunciamiento de Isidro Fainé y Josep Oliu sobre el debate independentista. Los 21 diputados de Esquerra arreciarán los conatos si finalmente apoyan al gobierno catalán.

Ambos bancos esperarán a los pactos electorales para definir su estrategia pública, aunque la sociovergencia les facilitaría el camino. Más del 70% del negocio de ambas instituciones está fuera de Catalunya.
 
Hoy en las sedes de las entidades suena con fuerza la idoneidad del pacto entre CiU y PSC, analizado desde la óptica de la economía y del negocio. Junqueras es percibido como un político que, a diferencia de Josep Lluís Carod-Rovira, no renunciará al bloque soberanista de su programa en aras de la gobernabilidad y de la superación de la crisis.

La banca teme que el aún alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) atraiga a Artur Mas hacia esas posiciones y que el temido boicot ascienda desde la anécdota a la fuga de pasivo y de negocio.

En los círculos políticos no ha caído en saco rato el lema de la nueva campaña publicitaria del Sabadell, promocionada sólo en Catalunya, y cuyo lema es “seny” (sentido común).
 
Reducir el déficit

Las calculadoras de los bancos recuerdan que la suma de las listas lideradas por Mas y Pere Navarro (PSC) dan 70 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta. La aritmética permitiría aprobar cómodamente los próximos presupuestos que según los departamentos de estudios bancarios deben profundizar en los recortes para reducir el endeudamiento público.

Aunque parezca una contrariedad, las grandes entidades, no sólo las catalanas, sino las españolas, están convencidas de que el menor déficit público redundará en mayor crédito para las familias y empresas.

Con los recursos limitados por la debilidad del crédito interbancario y escorados hacia la deuda pública, los bancos señalan a las administraciones como culpables de la inaccesibilidad a los préstamos. La línea emprendida por Mas apostaba por corregir el fenómeno, según algunos banqueros.

El reto para el PSC

Esta presión supone para los socialistas un reto mayúsculo. Porque apoyar a CiU, a través de un acuerdo de gobierno, o desde el Parlament, supondrá apoyar nuevos recortes para reducir el déficit. Para el presupuesto de 2013, se deberá acometer un nuevo ajuste de unos 1.600 millones de euros.

Aunque esos recortes también se pueden plantear de distinta forma, y el PSC puede influir en ello. A cambio, los socialistas querrán que se olvide el proceso soberanista, que se aplaze la convocatoria del referéndum de autodeterminación, una cuestión que los propios dirigentes de CiU ya están valorando.

El PSC podría situar en la agenda política la recuperación del impuesto de sucesiones, la gobernabilidad de la Diputación de Barcelona, absolutamente clave para los socialistas, y que ahora está gobernada por CiU y PP. Los socialistas seleccionarían con un criterio más social, los recortes en diferentes partidas del presupuesto, sin afectar de forma tan grave a sanidad, educación o a las entidades del tercer sector.