El laberinto judicial de "el Chicle"

Todo en el aire. El Congreso tramita desde el pasado mes de octubre la derogación de la prisión permanente a la que podría enfrentarse el autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, si una vez que concluya la investigación, se le acusa de un delito de asesinato y de una agresión sexual previa al fallecimiento de la chica madrileña.

La mayoría absoluta de la que disfrutaba el PP en la anterior legislatura le llevó a reformar el Código Penal para introducir la pena de la prisión permanente revisable (una de las medidas estrella del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón) o la cadena perpetua, como lo denomina la oposición, que recurrió esta figura penal, prevista para supuestos de excepcional gravedad, en el Tribunal Constitucional.

En la legislatura vigente, el PNV presentó una proposición de ley que el Pleno del Congreso debatió y tomó en consideración el pasado 10 de octubre, gracias al apoyo que recibió de toda la oposición, a excepción de Ciudadanos que optó por abstenerse.

Proceso de derogación

El PP se quedó sólo en la defensa de su reforma del Código Penal, que está vigente desde julio de 2015, junto a sus socios electorales de UPN y Foro Asturias. Los populares sostienen que la prisión permanente revisable cumple a la perfección con los principios que marca la Constitución.

Tras su admisión a trámite, la derogación de la prisión permanente revisable que originalmente impulsa el PNV se encuentra en trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. Está en manos de la oposición acelerar su andadura parlamentaria en el próximo periodo de sesiones, que comenzará en febrero y se extenderá hasta julio. El Chicle podría librarse así, si es condenado no solo por asesinato sino también por agresión sexual, si lo demuestra la autopsia, de cumplir condena con la calificación de prisión permanente revisable.