El juicio de Angrois arranca con quejas por la participación de la Abogacía del Estado
La jueza rechaza un posible "conflicto de intereses" de la Abogacía del Estado por tener convenios firmados con Adif y con Renfe, las empresas para las que trabajaban los dos acusados en el momento del accidente
El maquinista del tren Francisco Garzón a su llegada a la primera jornada del juicio por el accidente ferroviario de Alvia, en la Cidade de la Cultura de Santiago de Compostela, a 5 de octubre de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña (España)- Álvaro Ballesteros –
Los abogados de las víctimas del accidente de Angrois y del maquinista que pilotaba el Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira han puesto en cuestión la personación de la Abogacía del Estado en el macrojuicio que comenzó este miércoles en la Cidade da Cultura de Santiago. La jueza ha rechazado que hubiera un problema formal y ha reprochado que no se planteara la cuestión en juzgado de instrucción, toda vez que «la causa viene formada de instrucción» tras más de nueve años de investigación.
Los abogados fundamentaron su argumentación en que no existe denuncia formal por los daños en la vía que ocasionó el siniestro, cuestionando la pertinencia de la participación de la Abogacía del Estado. Manuel Prieto, el letrado de Francisco Garzón, que conducía el tren aquel día, ha denunciado además «conflicto de intereses» en la Abogacía del Estado, por convenios que tiene firmados tanto con Adif como con Renfe.
El conflicto de intereses
«Adif nunca ha presentado denuncia por delito de daños en toda la instrucción, no existe denuncia. Y exige denuncia expresa. En todo el procedimiento ha estado como responsabilidad civil subsidiario», ha destacado Prieto, quien ha hecho referencia al auto que imputaba únicamente los delitos de homicidio y lesiones, «exclusivamente», para añadir que, a su juicio, «la Fiscalía de oficio no puede intervenir si no existe denuncia del agraviado«. «Entendemos que esto nos podría llevar a una nulidad de actuaciones», ha añadido.
También apunto al «conflicto de intereses clarísimo con Renfe», porque Adif como entidad pública empresarial tiene firmado un convenio con la Abogacía del Estado, pero «en los mismos términos Renfe tiene firmado ese convenio». «La cláusula tercera de ambos convenios determina que cuando Abogacía del Estado tiene que ir en contra de otra empresa como Renfe se debe abstener», ha incidido.
En su turno, el representante de Abogacía del Estado se ha mostrado en «completo desacuerdo» con estas cuestiones y ha dicho que el personamiento de la abogacía hay que entenderlo «en concepto de perjudicado». La «doble posición» de acusación y responsable civil «está resuelta en jurisprudencia», ha agregado, antes de admitir que sí hubo «posiciones titubeantes en los años 90» sobre este asunto, pero ahora «se admite».
Sin atisbo de indefensión ni nulidad
El fiscal, Mario Piñeiro, señaló que existe «la mera manifestación del perjudicado manifestándose de que quiera ser resarcido«, por lo que entiende que «no hay duda» y «se cumple el requisito». A mayores, ha asegurado que no existe «el mayor atisbo de indefensión ni nulidad» por parte del acusado Francisco Garzón, a lo que se ha sumado la jueza, «de acuerdo con el Ministerio Fiscal».
«Son conocidos por los acusados los hechos. Especialmente desde el primer momento por Garzón, los hechos por los que declaraba como imputado. Hubo un accidente con descarrilo y con unas consecuencias lesivas y dañosas. No hace falta hacer calificaciones sobre delitos. El personamiento formal de Adif en la causa no sé si su escrito se menciona responsable civil o subsidiario u otra condición pero obviamente intervino en el procedimiento y desde el primer auto de conclusión de la instrucción en 2015 (…) ya se mencionó ahí los daños a la infraestructura», ha resuelto.
