El Gobierno prepara a la Sareb para que ceda activos para viviendas sociales
El Ejecutivo habilitará al ‘banco malo’ para ceder viviendas a entidades públicas o instituciones sociales, algo que hasta ahora realizaba mediante convenios con las administraciones
Nadia Calviño y Pedro Sánchez
El Gobierno ha publicado el Real Decreto que habilita al FROB para hacerse con más del 50% del capital de la Sareb, la sociedad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca nacionalizada y que ha tratado de dar salida a los inmuebles y fallidos durante nueve años, sin que en ningún ejercicio lograra beneficios.
El deseo explícito de la banca presente en el accionariado por abandonar la sociedad y el cambio forzado por Bruselas que obliga a contabilizar como deuda pública el agujero del banco malo propiciaron la activación de este proceso de nacionalización.
Además de eliminar los límites a la participación estatal en la entidad, el decreto publicado en el BOE habilita a la Sareb para ceder activos a las administraciones para destinarlos a vivienda social. No es algo nuevo, pues ya lo hacía mediante convenios, pero el Ejecutivo quiere reforzar este mecanismo.
“Sareb podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimización del valor. Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando en los últimos años acciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios. Esta habilitación permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar el impacto positivo de la compañía en la sociedad”, señala el documento firmado por Pedro Sánchez.
Déficit y deuda pública
El Ejecutivo reconoce abiertamente en el texto que la reclasificación de las cuentas de Sareb como deuda pública fue determinante para la nacionalización, pues “hace urgente y necesaria la adopción de una serie de cambios”, que permitan adaptarla “a la nueva realidad” ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable.
Según el Gobierno, el impacto en las cuentas públicas se tradujo en 2020 en un incremento de 9.891 millones del déficit (0,88% del PIB) y un incremento de la deuda consolidada de las administraciones públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB).
