El Gobierno ordena tumbar el toque de queda de Castilla y León
El Ejecutivo da orden a la Abogacía del Estado para recurrir el decreto de la Junta al considerar ilegal decretar el toque de queda a las 8 de la tarde
El choque entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León por el toque de cada acabará resolviéndose entre jueces y abogados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado a la Abogacía del Estado que presente un recurso contra la medida adoptada por el equipo de Alfonso Fernández Mañueco, que decidió limitar la libertad de circulación desde las 20 horas.
El Gobierno llevará la restricción al Supremo por la vía del contencioso al entender que en el actual estado de alarma no puede aplicarse, pues estipula el toque de queda entre las 23 horas y las 6 de la mañana, dejando margen a las comunidades para adelantarlo solamente una hora, desde las 10 de la noche.
Así lo trasladó el Ejecutivo de Pedro Sánchez este domingo al indicar que «el estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial ‘que la hora de comienzo de la limitación prevista [….] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas'».
«Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada», señala el comunicado de la Presidencia del Gobierno, que añade: sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de «modulación» otorgadas a las autoridades competentes delegadas.
La pugna entre la Junta y el Gobierno se produce cuando varias comunidades, entre ellas Galicia, están pidiendo a Sánchez que las faculte para endurecer el toque de queda y aplicarlo antes de las 22 horas.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se abrió a debatir al respecto, aunque en el marco del consejo interterritorial donde están representadas todas las comunidades autónomas. Illa aseguró que la decisión se tomaría «entre todos» y siempre con las máximas garantías jurídicas.
