El Gobierno luso defiende las medidas contra la inflación y afirma que no endeudan al país

Rebajas en el IVA de la luz, limitación al incremento de los alquileres, ayudas a las familias y aumentos de las pensiones. Son algunas de las medidas incluidas en el plan de emergencia portugués –cifrado en 2.400 millones de euros– aprobado por el Consejo de Ministros que adelantó este lunes el primer ministro,  António Costa, con el que se pretende combatir «el brutal aumento de la inflación», que alcanzó el 9% durante el mes de agosto (el nivel más alto de los últimos 30 años).

A pesar de este despliegue de medidas, el Gobierno socialista portugués ha  incidido en que el plan de emergencia «no altera» el objetivo de crecimiento «ni disparará el déficit» ni la deuda en el país. Los ministros con más peso del Ejecutivo han desgranado este martes el plan, promulgado de inmediato por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para la entrada en vigor urgente de las primeras medidas.

Rebelo de Sousa ha destacado que le habría gustado un proyecto «más ambicioso», aunque ha admitido que ir más allá «puede tener costos muy altos» a la larga si la guerra se prolonga.

Medidas del plan de emergencia

El paquete de medidas que el Gobierno propondrá al Parlamento, en el que los socialistas cuentan con mayoría absoluta, incluye una reducción del tipo de IVA aplicado a la electricidad baja del 13% al 6% para aquellos consumos inferiores a los 100 kilovatios hora/mes. Para los volúmenes superiores a este límite, continuará aplicándose el 23%.

El Ejecutivo luso también ha aprobado el pago extraordinario de 125 euros a cada ciudadano no pensionista con ingresos que no superen los 2.700 euros mensuales, así como otros 50 euros por cada menor o joven (de hasta 24 años) a cargo. En este último caso la ayuda se concederá con independencia del nivel de renta de cada familia.

Por su parte, las pensiones contarán con un suplemento de medio mes, pagado en octubre, y con aumentos extraordinarios para el 2023 que varían entre el 3,53% y el 4,43% en función del valor de la prestación. Con estas medidas, según apuntó el jefe de Gobierno portugués, «los pensionistas verán íntegramente repuesto el poder de compra perdido este año».

En cuanto al aumento de los alquileres de viviendas y locales comerciales, a partir del 2023 se limitará a un máximo del 2% y se compensará a los propietarios con mejoras fiscales. El precio de los abonos de transporte y los billetes de tren también se congelará durante el próximo año.

Otras medidas

António Costa recordó que el Gobierno ya había anunciado que abriría la posibilidad a los consumidores de gas volver al mercado regulado, lo que se traducen en un ahorro medio del 10% para una «familia con dos hijos».

Por otro lado, se han ampliado hasta final de año las medidas que ya estaban en vigor para los precios de los combustibles, como son la suspensión del aumento de la tasa de carbono, la devolución de la recaudación adicional del IVA o la reducción del impuesto sobre los productos petroleros. Según el socialista, estas medidas suponen un ahorro de 16 euros para un depósito de 50 litros de gasolina y 14 para uno diésel.

El plan de emergencia actual se une a los 1.682 millones de euros destinados hasta el mes de septiembre para combatir los efectos de la inflación, lo que eleva la cuota total hasta final de año a más de 4.000 millones. Además de ello, el Ejecutivo portuguén aún tiene pendiente presentar medidas de apoyo a las empresas, que se decidirán después de la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea prevista para este viernes.

Críticas al plan de emergencia

El plan de emergencia no ha convencido a la oposición, ni de izquierdas ni de derechas, al considerar que llega «con retraso» y es «insuficiente». En concreto, el Partido Social Demócrata (PSD) sostiene que las medidas «llegan tarde» y son una reacción a la propuesta que ellos mismos presentaron hace días.

«Este paquete de medidas llega tarde. Todo está más caro. Tenemos un Gobierno que actúa tarde, hace lo que otros gobiernos ya hicieron, medidas que podían y deberían haber sido presentadas antes», criticó el vicepresidente del PSD, António Leitão Amaro.

Iniciativa Liberal (derecha) acusó al Ejecutivo de António Costa de «manipulación de la opinión pública», ya que «hay muchas medidas» que no tendrán impacto o este será negativo en 2023. También para el Bloque de Izquierda (BE) estas medidas «llegan tarde, son cortas y tienen trucos».