El Gobierno encargará un estudio para el traslado de Ence y promete apoyo económico
Teresa Ribera, que busca suelos “aptos” para mover la fábrica, da garantías a Feijóo de su continuidad en Galicia y promete estudiar una posible adscripción al puerto de Marín
Alberto Núñez Feijóo se reune con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica / EFE
La reunión entre la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Xunta ha concitado un acuerdo claro y una incertidumbre: ambos coinciden en que Ence debe quedarse en Galicia, pero no está claro cómo.
Alberto Núñez Feijóo presentó una propuesta avalada por el Consello Consultivo que consistiría en ampliar los terrenos del puerto de Marín de tal manera que el suelo donde se asienta la planta quedase adscrito a la Autoridad Portuaria. El Consultivo considera legal esa opción, por lo que permitiría ofrecer seguridad jurídica y plazos a Ence para que invierta en su desarrollo en Galicia. No soluciona, sin embargo, la oposición en Pontevedra a su continuidad en la ría.
Teresa Ribera, que se ha mostrado partidaria de un traslado de las instalaciones –opción tradicional del PSOE y, hasta hace unos años, también del PP–, se comprometió a estudiar esa posibilidad. Sin embargo, también pidió a la Xunta que facilite terrenos “viables” para reubicar la planta y colabore en la búsqueda de un emplazamiento alternativo. El Ministerio ya ha puesto en marcha los trabajos para encargar un estudio que identifique suelos donde pudiera realojarse la fábrica.
El Gobierno, según explicó la ministra, está dispuesto a apoyar económicamente el traslado de la pastera y la implantación de un nuevo proyecto industrial que permita mantener el empleo en el territorio.
El futuro de Alcoa
Feijóo señaló que le “tranquiliza” el compromiso de Ribera de que Ence se va a quedar en Galicia. Sin embargo, reclamó soluciones para la crisis energética y el futuro de Alcoa, dos asuntos que en tantas ocasiones van de la mano.
El dirigente autonómico pidió una transición justa, pero también ordenada y la necesidad de abordar la venta de la planta de aluminio de San Cibrao con seguridad y sin excluir una intervención de la Sepi, opción que el Gobierno había descartado.
Feijóo remarcó que los precios del megavatio hacen imposible la producción de aluminio, por lo que es necesaria una inyección de los recursos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2.
