El Gobierno destina 540 millones a línea de ayuda de 200 euros a vulnerables

El Ejecutivo invertirá un total de 540 millones para hacer frente a la medida de ayudas directa de 200 euros a personas físicas (trabajadores, autónomos, desempleados y familias) de bajo nivel de ingresos y patrimonio aprobada el sábado por el Gobierno y que publica este domingo el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

Con el fin de paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, serán beneficiarios de ese pago único (200 euros) las personas físicas que en 2021 hubieran percibido ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, y tuvieran un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuales, precisa el texto.

Agrega que el cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, «considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022 y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación».

El BOE añade también la consideración de parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los anteriores, así como otras personas con las que cualquiera de los anteriores conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Subraya el boletín que no tendrán derecho a esa ayuda quienes, a la fecha de entrada en vigor de la norma, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Para solicitar la ayuda de 200 euros, las instancias se presentarán en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un formulario electrónico que a tal efecto se pondrá a disposición por ese organismo hasta el próximo 30 de septiembre.

Este pago único de 200 euros es una de las nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario, que en su conjunto tendrán un coste estimado de 9.100 millones y se mantendrán hasta el 31 de diciembre.

Otras medidas del plan «anticrisis»

Respecto a la rebaja del abono transporte, se establece desde el 1 de septiembre la reducción del 50% del precio de los abonos mensuales en empresas estatales, como Renfe, y del 30% de las autonómicas y locales, si bien el Real Decreto-Ley precisa que se trata de un descuento voluntario para comunidades autónomas y ayuntamientos puesto que son los que tienen las competencias.

Las CCAA y las entidades locales que tomen la decisión de poner en marcha esta rebaja podrán cobrar las ayudas, estimadas en 200 millones de euros en total. Asimismo, pueden ampliar el descuento del 30% al 50% si así lo desean, pero completando la diferencia con sus propios recursos.

Para estas ayudas queda excluido el billete de ida y vuelta. Además, en el caso de abonos de transporte de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses.

Reducción del IVA de la electricidad

Por otro lado, figura la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplicará a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios.

Igualmente, se mantendrá en ese 5% hasta fin de año, siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por megavatio/hora. Así, si baja de esta cantidad, el descuento dejará de aplicarse en general, pero se mantendrá para los usuarios vulnerables severos y en riesgo de exclusión.

Además, la norma incluye una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

En el ámbito de los carburantes, se mantiene también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. También se congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros.

Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, se mantienen la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la Administración.

Igualmente, se prorroga a septiembre el aplazamiento pago cuotas a Seguridad Social, se aprueban ayudas directas a la industria gasintensiva, se prorrogan las ayudas a la sequía y se extienden las ayudas a afectados por los afectados por la erupción del volcán ‘Cumbre Vieja’. Además, se prorroga el IVA reducido al 4% a las mascarillas quirúrgicas.