El Gobierno descarta cambios en la concesión de la AP-9 hasta que Bruselas diga si es legal
El Ministerio de Transportes asegura en una respuesta parlamentaria que "a fecha actual, no existe ninguna declaración de la Unión Europea que haya declarado no acorde a derecho cualquier modificación concesional que afecte a la autopista AP-9"
Tramo de la AP-9 a su paso por el Puente de Rande / EFE
Nueva guerra política a cuenta de la concesión de Audasa con la AP-9. El Gobierno ha advertido de que «a fecha actual» no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho la prórroga de la concesión de la mayor autopista de Galicia y que, por tanto, «tanto la Administración como la sociedad concesionaria está legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional».
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Mitma, lo ha transmitido de esta manera en la respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego sobre la subida de los peajes y sobre la finalización anticipada de la prórroga de la concesión (aprobada en el año 2000 para que dure hasta 2048). El diputado nacionalista registró a principios de año una batería de preguntas relacionadas con el incremento de los peajes (una subida prevista inicialmente del 9,4%, pero que se limitará al 4% para los usuarios, siendo el resto asumido por la Administración central). Además, el representante nacionalista también cuestionaba qué medidas debía tomar el Ministerio para poner fin a la concesión «cuya prórroga fue declara ilegal por la UE».
En este sentido, el Gobierno ha matizado que «a fecha actual, no existe ninguna declaración de la Unión Europea que haya declarado no acorde a derecho cualquier modificación concesional que afecte a la autopista AP-9«, que explota Audasa.
Asimismo, «la construcción y explotación de esta autopista es una concesión administrativa, y tanto la Administración como la sociedad concesionaria están legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional».
El expediente de Bruselas
El Gobierno se refiere así al procedimiento abierto por la Comisión Europea, que abrió un expediente a España por considerar que la última ampliación de la concesión, aprobada en el año 2000, no se ajustó a la normativa europea, ya que debía haberse convocado una licitación pública; y requirió al Gobierno español para que enviase sus alegaciones.
De hecho, en una respuesta anterior (de julio del año pasado), también a Néstor Rego, el Ministerio señalaba que ese procedimiento de infracción aún no había concluido y que el Gobierno no tenía previstas «actuaciones que puedan afectar a la relación contractual de la concesión» mientras no hubiera un pronunciamiento de la Comisión Europea.
Fuentes del Ministerio consultadas por la agencia Europa Press se han reafirmado en esa respuesta de hace meses, que considera «complementaria» con la última contestación al BNG. Así, dichas fuentes han reiterado que el Ministerio no prevé tomar decisiones al respecto de la prórroga de la concesión mientras no haya pronunciamiento de la UE y que, cuando lo haya, se adoptarán las medidas en función de lo que declare la Comisión.
Rego ha vuelto a reclamar que se desbloquee la transferencia de la autopista a Galicia, y que el gobierno rescate la concesión para que la AP-9 sea «gallega y libre de peajes». Asimismo, ha incidido en que la UE considera «ilegales» las prórrogas de la concesión de 10 y 25 años, por lo que se están pagando peajes «ilegalmente» desde 2013.
Opiniones en el Parlamento de Galicia
Sobre esta cuestión, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha reclamado el traspaso de la titularidad de esta autopista a la Xunta de Galicia. A su juicio, es una propuesta «unánime» de la Cámara con la que «no se avanza», todo ello en un contexto en que las vías de este tipo se están liberalizando y haciendo peajes gratis.
Además, Puy se remitió a sus palabras para recordar las críticas que se vertían contra su partido cuando gobernaba en el Estado al respecto de las dificultades para lograr al traspaso de la AP-9. A su juicio, estos traspasos van, en ocasiones, más allá de la «voluntad» de un ministerio concreto, y colisionan con «otro tipo de cuestiones» legales y las propias «inercias administrativas».
Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha puesto el acento en que la AP-9 es una «concesión de dudosa legalidad», como «pusieron en cuestión» las instituciones europeas, que requirieron información al Gobierno central sobre esta vía.
En todo caso, la diputada nacionalista ha reclamado que «se cumpla con la transferencia» a Galicia de esta vía de vertebración del país, que «sigue sin tramitarse» y ha reiterado que «además de gallega, tiene que ser pública y libre de pajes». En este sentido, ha dicho que los gallegos «tienen que agradecer al PP, cada vez que pasan por la cabina» que se prolongase la concesión hasta 2048, para «lucro» de una empresa que es un fondo de inversiones.
La viceportavoz socialista en la Cámara, Begoña Rodríguez Rumbo, se ha limitado a ratificar la postura del PSdeG, que está a favor de la transferencia de la autopista AP-9, ya con el Gobierno de Rajoy y con los sucesivos. «Nuestro posicionamiento va a seguir siendo el mismo», ha sentenciado.
