El Gobierno deja a la Xunta al margen del debate por el traspaso de la AP-9 a Galicia
El Gobierno ha anunciado en el Senado que la transferencia se tramitará en el Parlamento y no en la comisión mixta Xunta-Estado
Imagen de archivo de uno de los tramos de la AP-9
El debate sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia quedará en manos del Congreso de los Diputados. Según ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta remitida al Grupo Popular en el Senado, la cuestión quedará en los cauces de la proposición de ley que ha iniciado su tramitación parlamentaria en el Congreso.
De esta forma, la cuestión no se abordará de la vía más directa, que sería la de la comisión mixta Xunta-Estado. «Iniciada la tramitación parlamentaria, es en este ámbito en el que procede definir los términos de la transferencia», ha precisado el Gobierno en una contestación del 13 de abril recogida por Europa Press.
Precisamente, esta misma semana, el Parlamento de Galicia aprobó, con la unanimidad de los tres grupos -PPdeG, BNG y PSdeG- una iniciativa impulsada por nacionalistas y en la que los tres partidos han vuelto a votar a favor de la demanda conjunta, puesto que la normativa que se tramita en el Congreso entra «en tiempo de descuento». Así, la iniciativa tenía el objetivo de «garantizar la aprobación del traspaso en el plazo más rápido posible».
A vueltas con el cerco de Bruselas
En otra respuesta ofrecida a los senadores gallegos del PP esta semana, el Gobierno precisaba que la polémica por la prórroga de la concesión de la AP-9 «esta cuestión está actualmente en estudio en la Comisión Europea como consecuencia de un procedimiento de infracción iniciado en septiembre de 2021″ y todavía «no ha sido concluido», de forma que los expedientes están bajo sumario. Así, el Gobierno «no tiene previsto actuaciones que puedan afectar a la relación contractural de la concesión actual».
En respuesta a otra pregunta, sobre los estudios necesarios para que la AP-9 sea libre de peajes «lo antes posible», el Ejecutivo central advierte que «supone un elevadísimo coste para la Administración» y que las autopistas de peaje están reguladas por una normativa específica con derechos y obligaciones.
«La supresión unilateral de dicho derecho, no solo rompería el equilibrio económico financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma (administración); sino que también desvirtuaría la propia naturaleza contractual, al revocar el derecho esencial de una de las partes (el derecho a recibir la prestación económica pactada)».
En la respuesta por escrito, también con fecha del 13 de abril, se aborda también la posibilidad de aplicar en la AP-53 (que conecta Dozón con Santiago de Compostela) bonificaciones de peaje similares a las aprobadas en la AP-9. Sin embargo, el Gobierno subraya «que no es este caso comparable la funcionalidad de la autopista AP-9, eje vertebrador de la Comunidad de Galicia, con la autopista AP-53«.
Así, añade que la decisión de implantar nuevas bonificaciones, que «supone un esfuerzo presupuestario para la Administración, siempre se toma por interés público, en función de un estudio de necesidades de los usuarios y tratando de mejorar cuestiones como la accesibilidad y/o seguridad, descongestión de otras alternativas o, en definitiva, mejorar la funcionalidad del sistema de transportes».
