El Gobierno contacta con Lesmes para calmar a los jueces
Siete vocales del CGPJ firman un escrito para celebrar un Pleno Extraordinario y enviar sus quejas a Bruselas
El Gobierno quiere calmar los ánimos de la cúpula judicial después de la ola de protestas que ha provocado su iniciativa para disminuir las mayorías con que se eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todo ello sin contar con las propuestas de los magistrados.
Fuentes del CGPJ aseguran a Economía Digital que varios miembros del Gobierno ya se han puesto en contacto con distintos vocales e incluso con su presidente, Carlos Lesmes, para intentar rebajar la tensión mantenida estos últimos días y para evitar que sus quejas lleguen a Bruselas.
Precisamente este viernes, siete vocales del CGPJ firmaron y enviaron un escrito dirigido a su presidente, Carlos Lesmes, para convocar un Pleno Extraordinario, antes del martes, que eleve una queja oficial del órgano a la Comisión Europea. Y esto es lo que precisamente trata de evitar el gobierno de Sánchez.
El Gobierno hará pedagogía
Fuentes de Moncloa no niegan los contactos y aseguran que su propuesta “no se ha entendido y hay que explicarla bien”. Desde el Ejecutivo echan la culpa al PP y señalan que no van a dar ni un paso hacia atrás. Ahora de lo que se trata es de hacer “pedagogía” en Europa “tras algunas informaciones falsas por parte del PP”, comentan. “No queremos cambiar la Constitución”, esgrimen.
Al escrito de estos siete vocales (José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona), al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ, se están sumando más miembros que también desean que Lesmes mueva ficha y frene en Europa la proposición registrada en la Cámara Baja.
Fuentes del Consejo lamentaban este viernes por la tarde que el Pleno todavía no está convocado y comentaban que “se tendría que convocar cuanto antes”.
El presidente del CGPJ asistía en esos momentos a la celebración de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. No obstante, ya estaría al tanto del escrito, según indicaron las fuentes consultadas. Otras voces se mostraron convencidas de que Lesmes aceptará celebrar el Pleno “para escuchar la opinión de todos sus miembros”.
Con estos contactos, el Gobierno busca rebajar la beligerancia de los jueces e insiste en que la responsabilidad el bloqueo del la renovación del CGPJ es del PP. Todo ello después de haber recibido un aviso de la Comisión Europea para respetar la independencia judicial.
Las asociaciones en pie de guerra
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) anunció este viernes que, de salir adelante la propuesta, ejercitará «acciones» y «medidas de presión». En un comunicado, la APM informó de que su comité ejecutivo nacional adoptó dicho acuerdo «ante la gravedad extrema de los acontecimientos acaecidos en los últimos días».
Para la APM, «la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende el Gobierno al mantener el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por el Parlamento y reducir la mayoría necesaria resulta manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución Española».
«La reforma abre la puerta a la definitiva politización del CGPJ y lo inhabilita para el ejercicio de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces y por tanto el régimen de frenos, pesos y contrapesos sobre el que se sustenta el Estado de derecho y en definitiva la democracia», añade.
A este malestar se añade una encuesta publicada, precisamente, por el órgano que preside Lesmes en la que el 90% reprocha a los políticos que eludan su responsabilidad y opten por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos y acuerdos.
El 57% de los encuestados suspende la labor del actual Consejo y el 48% considera que no ha realizado nombramientos atendiendo a criterios de mérito y capacidad. Los jueces tampoco se sienten respaldados por el Ministerio de Justicia (70%), ni por las Consejerías de Justicia de los Gobiernos autonómicos (55%).
Nueve de cada 10 magistrados reclaman un nuevo pacto de Estado para la Justicia (el último fue firmado por el PP y el PSOE en 2001) que permita, definitivamente, efectuar todas las reformas de funcionamiento y organización que, en su opinión, la Justicia sigue necesitando.
